Uno de los instrumentos modernos más eficaces de los gobiernos para impulsar el desarrollo económico regional es mejorar su conectividad, hacer más ágil la comunicación hacia el exterior y al interior de la comunidad en busca de mayores facilidades para atraer turistas y empresarios y para hacer más eficiente el transporte de mercancías y personas, lo que repercute en el ahorro de costos y tiempos.

Por su envergadura, dos proyectos son, sin lugar a dudas, los principales: la construcción del Tren Transpeninsular (Tt) a cargo de la Federación, que está dando los pasos necesarios para que las obras arranquen el año que viene,  y el Sistema de Transporte de la Ciudad de Mérida (SiTraCiMe) bajo responsabilidad del Gobierno del Estado.

Hay que recordar que el transporte público de Mérida desde ningún punto de vista puede ser considerado como un sistema, pues, a pesar de los diversos y costosos estudios y diseños que se han realizado para racionalizarlo, intereses, ineficiencias y complicidades han impedido su modernización. 

Es un conjunto anárquico de rutas concesionadas, donde han sido básicamente los usuarios, durante mucho tiempo, quienes han pagado los altos costos de su ineficiencia.

Si bien el subsidio otorgado a los camioneros por la administración  pasada evitó el incremento de las tarifas para los usuarios, en los últimos  3 años se puede afirmar que seguir así no soluciona de manera definitiva el problema. Porque cualquiera de las dos vías: incrementar el precio a los consumidores o el subsidio que pagaría el gobierno, no representa otra cosa que meter dinero bueno al dinero malo.

De ahí la importancia de que el gobierno de Rolando Zapata, con el aval de Peña Nieto, haya decidido afrontar el  problema al que  autoridades anteriores  daban largas, dejando su solución para las generaciones posteriores.

Los que vivimos y trabajamos en  la Ciudad de Mérida o la visitamos no debemos seguir sufriendo las deficiencias de un transporte público que prolonga injustificadamente  el tiempo para llegar al destino laboral, académico o recreativo y trata de manera discriminatoria a niños, estudiantes y ancianos.

La tarea puede ser difícil pues, además de la inversión requerida para la renovación completa de la flota vehicular (que sea ecológica y con rutas racionales para reducir el tiempo de traslado y de unidades para descongestionar el tráfico del Centro Histórico), exige cambios culturales como la adopción de sistemas electrónicos de boletaje y prepago, lo que nos obligará a planificar la economía familiar.

Al final todos saldremos ganando, incluso los operadores podrán alcanzar condiciones laborales dignas. No se trata de solucionar el problema de tarifas, sino de mejorar el traslado de los ciudadanos. No es cuestión de precio, es de conectividad.