Un par de denuncias de Ricardo Monreal han vuelto a demostrar, como pasa de vez en vez cuando alguien está en una disputa política en el Legislativo, que el manejo de dinero en las cámaras es un desastre para los ciudadanos, siempre una bonanza para los diputados y senadores.

Los partidos han armado un laberinto que por lo mismo se hace opaco, discrecional y, eso sí, abundante. Que usted pertenece a una comisión, una lanita más; que esa comisión sesionó, ahí va una lanita más; que sesionó en viernes, otra lanita; que necesita para otra comisión un asesor, va una lanita extra; que si para la fracción, cómo no, ahí hay otra lanita. Que si el extraordinario, más lanita; que sí vino a chambear, más billetes. En fin, para todo hay lana.

Agreguemos a eso que los diputados y senadores son quienes hacen las reglas del juego y, por lo tanto, están rodeados de cabilderos de todos los sectores a los que las leyes que hacen podrían afectar.

Por todo eso y más, se le ocurrió a la organización Fundar pedir las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los diputados. Eso lo hizo durante la anterior legislatura. Las pidió a la Auditoría Superior de la Federación, que respondió que no. Que eso podía dañar la privacidad de los legisladores por lo de sus datos personales. Vale la pena insistir en que Fundar quiere versiones públicas, es decir, sin datos personales. Solo saber a cuánto asciende el patrimonio del legislador cuando llega…Y cuando se va.

Después de varias instancias la Suprema Corte coincidió con la ASF. Nada de que podamos ver cuánto tiene un diputado. La Corte optó por negar el amparo y declarar como constitucional al párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que privilegia la protección de los datos personales de los servidores públicos sobre el acceso a la información pública.

En la anterior legislatura, Fundar hizo un experimento interesante. Le pidió mediante una carta a cada uno de los 500 diputados si ellos quisieran hacer pública una versión de su declaración patrimonial. Sin datos personales.

¿Cuántos dijeron que sí y lo hicieron? Tres. Tres de 500.

Si mis matemáticas andan bien, eso es 0.6 por ciento de nuestros representantes populares. Así las cosas en San Lázaro.