23 de Abril de 2018

Opinión

De indignos, la Asamblea del DF

Los diputadetes locales denotaron la última semana de 2012 su desprecio a la institucionalidad para la procuración y la impartición de justicia.

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Aunque casi todos han cometido alguna pendejada, es improbable que otros congresos locales le ganen a la Asamblea Legislativa del DF en la miserable tarea de degradar a uno de los tres Poderes de una entidad federativa: el suyo propio.

Los diputadetes locales hicieron eso la última semana de 2012, denotando su desprecio a la institucionalidad para la procuración y la impartición de justicia, al modificar el Código Penal con el único motivo de favorecer a las 14 personas que fueron consignadas por ataques a la paz pública en los vandálicos y pandilleriles actos del 1 de diciembre.

En vez de que a los culpables de ese delito se les castigue con penas que iban de cinco a 30 años de cárcel, las sentencias irán de solo dos a siete años, con lo que se garantiza impunidad a quienes cometan acciones equivalentes a las de aquel día.

Aunque se desconoce al autor o autores intelectuales de tamaña marranada, conviene tener presentes los nombres y membretes partidarios de quienes operaron este atentado contra el Poder Legislativo del DF y contra el más elemental sentido común o de justicia.

La propuesta fue de los integrantes de la eufemística Comisión de Administración y Procuración de Justicia, los perredistas Antonio Padierna Luna, Arturo Santana Alfaro, Gabriel Antonio Godínez Jiménez, Manuel Alejandro Robles Gómez, Daniel Ordóñez Hernández y Lucila Estela Hernández, alcahueteados por la panista Olivia Garza de los Santos, el verde Jesús Sesma Suárez y el priista Armando Tonatiuh González Case.

Con el aplastante apoyo perrediano, la modificación hará que si a usted, lector, en un ataque de indignación contra Enrique Peña Nieto, se le ocurre acribillar con petardos y destrozar con zapapicos las esculturas o serruchar las alas de la ángela en la Columna de la Independencia; saquear y devastar un Vips, destruir teléfonos públicos, casetas y patrullas policiacas o quemar las puertas de Palacio Nacional, no tenga mayor problema.

Y si, como sucedió ese 1 de diciembre, incendia con bombas molotov a cuatro, cinco y hasta quién sabe cuántos policías, nadie lo acusará de intento de homicidio, así que nadie lo asuste con penas carcelarias.

A los mismos despreciables asambleístas que, de seguir el anterior gobierno, estarían lamiendo las suelas de los zapatos de Marcelo Ebrard, les valió una pura y celestial chingada la explicable iniciativa que les envió esa misma última semana de su gestión, en la que proponía equiparar los ataques a la paz pública con el delito de terrorismo (y en consecuencia endurecer el castigo).

De rebote, la reducción benefició también a otras 18 personas, una procesada por el bombazo de 2008 en la avenida Chapultepec (destinado a matar policías).

En agravio del honor de los 14 por quienes se hizo la reforma, lo hecho implica que, antes que el Poder Judicial, los diputados locales los hallaron culpables y solo quisieron aminorarles el castigo.
Pobres beneficiados: ya nadie sabrá nunca si en realidad eran inocentes…

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