25 de Septiembre de 2018

Opinión

Delincuencia y política

La propuesta de las cúpulas de las principales fuerzas políticas de proteger las candidaturas...

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La propuesta de las cúpulas de las principales fuerzas políticas de proteger las candidaturas a puestos de elección popular, empresariales y sindicales, para evitar nexos con el crimen organizado, fue calificada de tardía, bajo el argumento de que la infiltración del narcotráfico en la política es ya una realidad en México.

Asegura la diputada federal Karina Labastida Sotelo que “es una medida que llega demasiado tarde, porque la esfera política, empresarial y sindical ya fue penetrada por la delincuencia, sobre todo en gobiernos locales”.

La secretaría de las comisiones de Seguimiento a los Feminicidios y de Trabajo y Previsión Social, así como integrantes de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, en la Cámara de Diputados, observa que no basta con que el Partido Verde pida a la Procuraduría General de la República investigar a su propia militancia y de que el PRD proponga crear una fiscalía especial para evitar que delincuentes obtengan candidaturas a cargo de elección popular; hay que ir más allá. Las investigaciones no se deben limitar a precandidatos a cargos políticos que estarán en juego el próximo año, sino que también alcancen a los sindicatos, cámaras empresariales, a funcionarios públicos de mediano y alto nivel en los tres órdenes de gobierno.

Para argumentar sobre la necesidad de esa medida, se sostiene que para nadie es un secreto que desde hace mucho tiempo la sociedad desconfía de la clase política, de los sindicatos y empresarios, lo cual ha quedado justificado ante las evidencias de la infiltración del crimen organizado en cargos de gobierno, sindicatos y de empresas.

No basta con evitar que candidatos a cargo de elección popular tengan nexos con el crimen organizado; también hay que investigar a quienes ya ocuparon esos cargos, incluidos diputados federales y locales, presidentes municipales, jefes policiacos, gobernadores y funcionarios federales, empezando por aquellos cuyos bienes materiales no corresponden con el dinero que han ganado como funcionarios. 

Ante la autonomía que las autoridades locales tienen para cumplir con ese filtro, la Cámara de Diputados debería hacer un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que acepten someter a sus funcionarios públicos a esta cruzada contra la infiltración del narcotráfico en la política, y que los gobiernos que no acepten queden evidenciados ante la propia sociedad.

Resulta necesario y urgente detectar, evidenciar y castigar a los políticos que en nuestro país ofrecen protección a los delincuentes, incluida la omisión para perseguirlos a sabiendas de que lo son y aplicarles todo el peso de la ley, ya que sólo de esa manera la clase política podrá recobrar la confianza de la sociedad.

Es un problema añejo que se dejó crecer y ahora pareciera incontenible; hay que actuar de fondo e ir a la raíz. Ahora son los casos de Michoacán y Guerrero, pero en su momento, puede ser cualquier Estado.

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