Este año es de elecciones federales, cuánto gastan los partidos políticos, 8 mil millones de pesos, el público se espanta, se enoja y la democracia pierde por su elevado costo. Aunque, en realidad, nadie gana.

Un buen ejemplo de estos errores de interpretación es la discusión acerca del Poder Legislativo. Por un buen tiempo se promovió en medios de comunicación la idea de reducir el número de diputados, porque cuestan mucho dinero. En el debate se usan cifras como el sueldo de los legisladores, que supera los 100,000 pesos mensuales, o la cifra acumulada del Congreso, que supera los 15,000 millones de pesos (mdp).

En la década de 1990 se decidió que el financiamiento de las elecciones mexicanas debería ser público, en su mayoría, para evitar que el capital privado decidiese los resultados. Esta decisión vino de una creencia, muy arraigada en nuestro país, de que los empresarios son “enemigos de la democracia” o “servidores del extranjero” y muchos otros adjetivos más. Aunque evidentemente eso es falso, la ideología política del México del siglo XX se construyó en torno a las ideas de la Revolución. Ahora, la insistencia en mantener el esquema de financiamiento público se basa en el temor de que las organizaciones criminales intervengan en los resultados electorales. Pero ésa es también una creencia errónea, pues hay evidencias que demuestran que existen candidatos procedentes del crimen organizado y gran parte del financiamiento de sus campañas procede de los recursos de la ciudadanía.

Si bien el financiamiento público de las elecciones parece no servir, ésa fue la decisión que se tomó cuando se construía la democracia y, como ocurre con todas las instituciones, una vez en proceso es muy difícil cambiarlo. Los partidos políticos ya le encontraron el gusto al financiamiento público y difícilmente querrán cambiarlo.

La decisión entre financiamiento público y privado de las elecciones no es un tema sencillo. Hay países en los que prácticamente todo el dinero viene de las personas y empresas, como Estados Unidos, y otros donde la mayoría lo otorga el Estado, como en Europa. Elegir entre un esquema y otro implica un proceso complicado, ya que ambas fuentes ofrecen desventajas: el financiamiento público se convierte en un problema de vigilancia, debido a que quienes deciden el gasto son los mismos que los que lo usan; el privado causa problemas, porque quienes tienen más dinero financian candidatos para garantizar más dinero. Ninguna solución en este problema es perfecta, y ninguna sobrevive mucho tiempo, porque va generando grupos que capturan la elección, sean privados o públicos.

Los partidos políticos tienen una cantidad de dinero público que no alcanza para hacer una campaña, pero pueden duplicar esa cantidad con donaciones (asistentes que no cobran, autos prestados, amigos que pagan las tortas o la gasolina).