Al momento el país debate el miserable salario mínimo, se conoce de las exigencias del INE y de los diputados sobre un descomunal presupuesto con números al alza. 

En el caso de los diputados se tiene la impudicia de argumentar que es el incremento menor en la historia reciente. Los del INE se amparan en las 74 nuevas funciones para que el presupuesto de 2015 sea mayor que el de la elección presidencial pasada. Un país que vive bajo una obscena desigualdad frente a una insensible e insaciable clase política.

El gasto es excesivo por las instituciones que la democracia creó para controlar al gobierno y darle voz y fuerza al ciudadano: legisladores, INE y la diversidad de organismos autónomos. Las remuneraciones y beneficios de los altos funcionarios no tienen precedente, así sean ministros de la Corte, consejeros del INE, magistrados del Trife, los del IFAI, Ifetel, Cofeco, Banxico y muchos tantos más. 

En términos de gasto y también de remuneraciones, México es una de las naciones que más dinero dispone para ello, al tiempo que tiene la menor recaudación.

El tema del excesivo gasto público no es económico, es fundamentalmente ético. El descaro que caracteriza la disposición de los recursos públicos parte de la creencia de que no tiene consecuencias, que todos lo hacen (recuérdese que los demócratas legisladores determinaron en la Constitución que, para garantizar calidad y autonomía de los consejeros electorales, éstos obtendrían el mismo ingreso que los ministros de la Corte) y, especialmente, que el dinero público es una bolsa infinita de la que se puede disponer.

Antes de que llegara la democracia, las buenas cuentas eran tarea de la Secretaría de Hacienda. Hubo titulares de excelencia y otros no tanto. Se dice que el desorden inició cuando el gasto se trasladó de Hacienda a Los Pinos. De hecho, en esos años de pesadilla se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, de donde salieron los últimos tres presidentes antes de la democracia; los magros resultados llevaron a su desaparición en 1992.

El problema está en la Cámara de Diputados. Así es porque a ésta corresponde la aprobación del presupuesto y también cuidar su debida aplicación mediante la Auditoría Superior de la Federación. La democracia logró el anhelo de someter al Presidente y al gobierno al dictado de la mayoría de los diputados. 
En 1997 Porfirio Muñoz Ledo se engolosinaba al encarar al Presidente con el “juntos somos más que vos”, al tiempo que el presupuesto se definía a partir del cálculo político de los legisladores. Así se incrementaron los recursos a los grandes municipios, entonces gobernados por Acción Nacional. 

También los partidos se volvieron lucrativo negocio por las prerrogativas. Mucho gasto, nada de ingreso. La riqueza petrolera ya en los años de la transición se dilapidó en financiar el déficit fiscal. Con el PAN se creyó que habría más austeridad, menos dispendio, más probidad. No sucedió.

En este proceso de desorden presupuestal y de arrebatiña por los dineros ajenos merece especial atención el gasto electoral. Con la pretensión de poner freno a la disposición de los recursos públicos en 1996 se financió generosamente a los partidos. 

Todos recibieron mucho dinero, incluso aquellos con insignificantes votaciones. También al IFE y al Trife se les dotó de una amplia y costosa burocracia para organizar una elección cada tres años. La llamada normalidad democrática se construyó a golpes de presupuesto. Los partidos no se modernizaron, tampoco se abrieron a la sociedad. Cuando llegó el dinero al PRD de López Obrador se dijo que lo destinaría a indemnizar las familias los caídos en la persecución salinista y el PAN de Felipe Calderón que lo dedicaría a libros. Tampoco sucedió.

Pero la cuestión no está en quién gasta, sino quién lo permite. La Cámara de Diputados y el Senado de la República participaron del juego del desorden y abuso. Allí está el trabajo de Integralia, coordinado por Luis Carlos Ugalde para conocer un poco de lo que acontece en una de las áreas públicas de mayor opacidad sobre el manejo de los recursos públicos. En el periodo 1998 a 2014, el incremento de gasto de la Cámara de Diputados y del Senado ha sido de 350 por ciento, el del IFE-INE, con varias reformas para disminuir el gasto electoral, fue de 206%.

Recientemente integrantes de la Cámara de Diputados han sido objeto de cuestionamiento. Lo de menos es el descuido en sus actividades privadas, lo que importa es el desempeño y como tal son sumamente grave las denuncias de alcaldes por extorsión en la aplicación del presupuesto federal. Ahora, hay que decir, más que eso, que el problema está en incumplir su responsabilidad en cuidar el gasto y buen manejo de los recursos públicos. La democracia, uno de los mayores logros del México moderno, ha dado lugar a una generación de políticos gastalones e irresponsables con los recursos públicos.