Algo no cuadra en la denuncia del activista Marciano Toledo. Según él, está contaminado el 30% del manto freático de Playa del Carmen porque el cárcamo de rebombeo desborda aguas negras, las que terminarían en cenotes y ríos subterráneos.

El también ex presidente de Solidaridad acusa que los pozos están en condiciones deficientes porque no los construyeron a la profundidad adecuada para el tratamiento residual ni fue colocado el cubrimiento especial para evitar el colapso.

¿A quién señala? A Aguakán, convertida en el blanco favorito por estas fechas, cuando gobernantes, diputados y usuarios promueven el revés de la concesión que les favorece en Solidaridad, Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Las preguntas brotan: ¿Por qué alegan ahora? ¿Qué método y pruebas tienen para afirmar tal “ecocidio”? Si es tan evidente la contaminación, ¿dónde están la Semarnat, la Profepa o la Conagua para actuar en consecuencia? ¿Por qué se toma a la ligera, considerando que miles de familias estarían en riesgo al utilizar el vital líquido para actividades domésticas?

Más que protagonismo pareciera una actitud oportunista. Además del escarnio pretendido, se demandará a la concesionaria por unos 5 mil millones de pesos por su aparente responsabilidad. Lo peor es que sería con base en información imprecisa y tergiversada ya que la queja se debe a supuestos.

Para empezar, en 2014 se denunció a ICA por lo mismo, pues rompió una tubería en faenas del ramal Playa del Carmen-El Tintal, la cual conducía aguas residuales del cárcamo final a la planta de tratamiento Saas Tun Ja, por lo que la contaminación sí fue inmediata.

Ese error afectó principalmente al cenote-laguna ubicado en la residencia de don “Chano”, por lo cual, aseveró, una financiera cuantificó en 8 millones de pesos los daños en su propiedad. Se planteó que ICA debía garantizar el saneamiento.

Dos meses después del incidente donde ICA contaminó estas áreas del poniente, la empresa todavía no firmaba el convenio notarial que la comprometía a resarcir el deterioro ambiental y mitigar otras posibles afectaciones.

Por otro lado, el año pasado la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios fue categórica: No existe contaminación en las playas de Quintana Roo. De acuerdo con los resultados de calidad de Agua 2016 es improbable el daño en un arrecife procedente de
la zona continental, como han planteado los inconformes. Deberá investigarse a fondo.

En otras palabras, le han tirado a lo que se mueva, procurando ganar adeptos en coyunturas específicas o echándole montón a quien se deje. No es correcto, menos cuando se expone el contexto y las variables soportadas en informes científicos.

Cuando fungió como máxima autoridad municipal (1993-1994) la cobertura de servicios era de 61% en agua potable, 30% en alcantarillado y cero en saneamiento, mientras que ahora es de 100%, 91% y 100% respectivamente. De eso “no conviene” acordarse.

En general, el proceso contra la operadora parece haber perdido fuerza por algún motivo. Desde siempre, las quejas han sido por la calidad del agua y las tarifas; pero han sabido defenderse: el estudio en mención y la comparación de precios divulgada hace días, lograron contener la ofensiva en ambos renglones. 

¿Se irá o no de Solidaridad? Depende de los promotores, quienes han advertido complicación de trámites, falta de recursos técnicos y el poco dinero para una hipotética indemnización.