El fulminante movimiento legal realizado por el gobernador Carlos Joaquín González en el arranque de esta semana puso el ambiente político en ebullición en plena temporada decembrina, al presentar una guirnalda de denuncias contra varios ex colaboradores clave de su antecesor, Roberto Borge Angulo, que por la gravedad de los señalamientos podrían convertirse en carne de prisión en las próximas semanas.

Tras dos meses de exhaustivas revisiones y auditorías, finalmente esta semana el mandatario anunció que el gobierno estatal interpuso siete denuncias por el desvío de 2 mil 388 millones de pesos cuyo destino se pierde en la nebulosa red de corrupción borgista, de la cual sus operadores difícilmente tendrán una noche buena esta Navidad.

La denuncia apunta a dos de los cabecillas principales del turbio manejo financiero de la anterior administración: el ex titular de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, y el oscuro “doctor” Eliezer Villanueva Lanz, quien desde una posición de medio pelo se encargó de controlar los hilos del dinero público de forma discrecional.

No son los únicos. En la lista también está el ex titular de la CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, al haber sido encargado de una dependencia en la que se manosearon cientos de millones de pesos con inaudita puerqueza; Fernando Escamilla Carrillo, de Infraestructura y Transporte, dependencia que heredó un cúmulo de obras sin concluir y otras inexistentes, y Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien funge actualmente como Secretario General del Ayuntamiento de Cancún. 

Carlos Joaquín anunció esta oleada de denuncias muy temprano en televisión nacional, y la información fue ampliada y refrendada más tarde por el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, y el titular de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, en una aguardada conferencia de prensa.

Con esta ofensiva lanzada justo antes de entrar en la tradicional “tregua navideña” va implícito un duro mensaje para el ex gobernador Roberto Borge, quien apenas hace unos días fue despreciado por el PRI nacional que le retiró sus derechos políticos, dejándolo aún más vulnerable a acciones legales en su contra.

Con este gancho al hígado el gobernador demuestra que no hay pacto ni perdón, respondiendo al mismo tiempo al reclamo de la ciudadanía que desde hace mucho pidió como deseo navideño un castigo ejemplar para Roberto Borge y su camarilla de saqueadores.