Un error serio de la mayoría de la Cámara de Diputados fue haber cedido a la propuesta de restringir la libertad de manifestación en la Ciudad de México. De aprobarse y sostenerse en el previsible litigio jurídico al que habría de dar lugar, significaría una derrota a las libertades y a la legalidad. Las sanciones administrativas en el proyecto no podrían contener las libertades, pero sí quebrantar el de por sí frágil estado de derecho. Unos días en el Torito bien valen el ejercicio de un derecho fundamental.

La respuesta al vandalismo no puede darse castigando los derechos humanos; al vándalo hay que someterlo a la justicia y sancionarlo, pero a los más, hay que respetarlos, los que se han manifestado y se seguirán manifestando de manera pacífica en vías primarias como el Paseo de la Reforma para hacer valer su voz por la inseguridad, reclamando el uso político de la justicia como ocurrió en el desafuero de AMLO o por la exigencia al gobierno por el desborde de la violencia en la marcha convocada por Javier Sicilia y otros que llegaron al Zócalo por el eje Lázaro Cárdenas.

Lo de la CNTE merece atención aparte. Es preciso diferenciar el derecho de expresarse y manifestarse, legítimo y válido para todos, aunque no se coincida o incluso se repudie la causa que los motiva, y otro el de apropiarse de los espacios públicos, como aconteció, primero en el Zócalo y ahora en el Monumento de la Revolución.

No está por demás señalar que esta práctica de ciertos grupos, no solo de la CNTE, se ha vuelto forma de chantaje a las autoridades no solo por las diferencias propias de la política, sino como un vulgar recurso para obtener dinero, ganar impunidad y avanzar en intereses claramente ilegítimos. La mejor cobertura para esto es el radicalismo y la intransigencia, y, de ser posible, que unos vándalos les abonen el propósito de intimidar a las autoridades.

Las avenidas de la ciudad, incluyendo las llamadas primarias, son para que transite la gente, con coche, en transporte público o a pie. No se puede reivindicar el derecho de unos para anular los de otros. En todo caso el reto es hacer compatibles las libertades y por ello la regulación no solo es posible, también deseable y necesaria.

Se requiere reglamentación para dar certeza a los derechos no para anularlos. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa del DF no ha actuado en consecuencia y más bien ha propiciado el desorden y la impunidad, situación que se ha pretendido corregir en esta legislatura.

La derecha autoritaria e intolerante va ganando camino. Que esto ocurra desde la Cámara de Diputados y para el DF es simbólico de una preocupante derrota de la democracia liberal; la Ciudad de México es centro cultural, económico, religioso y político donde se ejercen libertades y prevalece la tolerancia.

Más que un argumento jurídico es de sentido común: no corresponde a un órgano nacional definir las condiciones del ejercicio de las libertades, excepto en los casos que las instancias locales pusieran en riesgo a éstas y el funcionamiento de los órganos federales.

Con frecuencia, la intolerancia se viste con toga y birrete y reivindica derechos para frenar libertades y hacer valer un sentido del orden de las cosas y las personas. Su agenda obsesiva no solo son las manifestaciones, también tiene que ver con lo cotidiano, las conductas y hasta el mismo cuerpo de los individuos. Las derrotas en un frente, las revierte en otro. Es una lucha que nunca termina y que está en todo y en todos.

La respuesta al vandalismo o al chantajista arropado en el radicalismo no está en conculcar los derechos. Algunos motivados por el oportunismo político, otros, los promotores de la idea, por el miedo a la disidencia y al reclamo popular. El PAN tiene responsabilidad y, por lo mismo, debe hacer valer su condición de fuerza cívica liberal y repudiar la intolerancia. El PRI también incurre en error y da razón a quienes demandan una reforma política para el DF a modo de la izquierda. Lo más preocupante es la pérdida del argumento liberal; nadie quien lo haga valer y sentir.

La maestra de Jacobo. Josefina Güitrón nació en Aguascalientes en 1905, donde cursó la Normal; con su familia se mudó a la Ciudad de México, donde fue maestra de primaria de muchos, entre éstos del niño Zabludovzky y los Echeverría Zuno.

A finales de los 50 se mudó a Torreón, Coahuila, cuando se casó con Jesús Díaz de León. Doña María Esther Zuno intercedió para que se le restituyera en la SEP y se jubiló sin abandonar al magisterio en el Colegio La Luz. Tía del ministro Mariano Azuela Güitrón, quien la acompañó en su centenario de vida. Murió a la edad de un siglo y un año con la paz que acompaña el deber cumplido.