14 de Noviembre de 2018

Opinión

Derechos humanos, indudable riqueza de nuestra sociedad

Los avances son importantes, pero reitero, nos falta mucho por hacer.

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Un año de intenso y fructífero trabajo, en beneficio de todas y todos los habitantes de nuestro Estado, es lo realizado en un año de labores por la CODHEY. De cara a la sociedad yucateca y ante la soberanía del H. Congreso del Estado de Yucatán, es lo que informé, de acuerdo a lo que nos señala la  Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

El pasado día 15 comparecí ante el pleno del Congreso del Estado para informar de lo hecho en nuestro campo de acción.

Los avances son importantes, pero reitero, nos falta mucho por hacer. Hoy quiero mencionar los hechos más relevantes ocurridos del 1 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013, cuando registramos 1,234 hechos violatorios de Derechos Humanos, entre los que se encuentran 50 voces violatorias de las cuales las más relevantes son: 

Detención arbitraria; violación al derecho a la integridad y seguridad personal; prestación indebida del servicio público; allanamiento de morada; violación a los derechos del niño; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad; retención ilegal; amenazas, y violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. 

Fueron 414 autoridades señaladas responsables de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Reinserción Social, los ayuntamientos de Progreso, Tzucacab, Kanasín, Mérida, Tekax y la Secretaría de Salud del Estado. 

Es de justicia señalar que en el año de este Informe logramos la cifra más alta de conciliaciones, 186, de los últimos 7 años, y en justicia reconozco que las instituciones que tuvieron el número más alto de conciliaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación del Estado y la Fiscalía General del Estado, en esta última dependencia abrimos una unidad de enlace, primera de su tipo en la República, gracias a la labor que desarrolla la fiscal general del Estado, Celia Rivas Rodríguez.

Para tener una idea de la carga de trabajo en la CODHEY indicaré que realizamos 9,993 diligencias de notificación, ratificación, entrevistas e investigación de hechos entre quejosos y autoridades. Iniciamos de oficio 26 quejas, dictamos 65 medidas cautelares a 12 autoridades, 35 de las cuales fueron aceptadas. Es preciso señalar que las autoridades que no dieron respuesta a las solicitudes de informes previstos en la ley son los ayuntamientos de Tzucacab, Progreso, Kanasín y Tekax.

En la Supervisión Permanente a Organismos Públicos e Investigación acudimos a las 106 cárceles municipales y diversos centros de detención del Estado y hemos recomendado especial cuidado médico para todas y todos los arrestados, así como capacitación adecuada para quienes tengan a su cuidado a personas alcoholizadas, y no descuidar la vigilancia de los detenidos para evitar muertes en las cárceles municipales.

También hemos trabajado en pro de los Derechos Humanos de vendedores ambulantes de origen chiapaneco y trabajaremos en la integración de una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de trata de personas.

En materia de capacitación y difusión de los Derechos Humanos este año atendimos a 67,100 personas, en cursos, talleres y diplomados, lo que nos lleva a la atención en Derechos Humanos, a  cuando menos una persona de cada cinco que vivan en un hogar en Yucatán.

Por mandato de ley, el Informe Anual de Actividades estará en breve en nuestra página de Internet y también será publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, nuestro espacio se acaba, pero no quiero despedirme antes de agradecer al Congreso del Estado, porque el pasado 26 de julio se publicó el Decreto de modificación de nuestra Constitución local, en materia de Derechos Humanos, lo que nos lleva a la modificación de la Ley que tutela a la CODHEY.

Por de pronto las reformas realizadas mandatan que quienes desempeñan una función pública tienen la obligación de cumplir y respetar los Derechos Humanos, de acuerdo con el orden legal que ahora los rige.

Mi agradecimiento, al Gobierno del Estado que encabeza Rolando Zapata Bello, porque su apoyo fue decisivo para hacer realidad esos avances legislativos, al igual que al Congreso del Estado. 

Y desde luego al Consejo Consultivo de la CODHEY y a sus integrantes: Marcia Lara de Moreno, Miriam Jure Cejín y Pilar Larrea Peniche, así como a José Inés Loría Palma, por su trabajo fecundo y de apoyo a nuestra labor, al igual que al equipo de trabajo de nuestra institución. 

Mención especial merece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su presidente, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, así como los presidentes de las comisiones estatales que nos han apoyado siempre, al igual que las organizaciones de la sociedad civil.

Reconozco que avanzamos, sí, pero también que nos falta mucho por hacer, y entre el camino por recorrer está el que nuestra sociedad utilice los instrumentos que hoy están a su alcance: legislación y dependencias, para lograr el respeto total e irrestricto a sus Derechos Humanos, los propios y en consecuencia los de los demás, la verdadera riqueza de una sociedad.

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