No son pocos los aspirantes. En la lista aparecen Laura Susana Martínez, Marta Medina Lozano, Jorge Manríquez Centeno, Roberto Guzmán Rodríguez, Harley Sosa Guillén, José Barón Aguilar o Rafael Bellos Gómez. Algunos tienen capacidad y méritos; otros, ni siquiera eso.

La convocatoria para elegir al próximo titular de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo es motivo de interés público. Quien asuma, deberá cumplir con creces las expectativas de gobiernos, grupos parlamentarios, partidos políticos y, sobre todo, de la sociedad civil.

Los retos son enormes, aunque conviene destacar los que, considero, son los principales.

El primero, que el próximo ombudsman goce la aceptación de todos. Si es obvia la imposición; que fue un pago por favores, o no posee calidad moral, está condenado al fracaso por más que cumpla los requisitos y procedimientos de ley. De hecho, hay quienes descalifican ya a los que muestran interés debido a su tendencia política o incluso su mediocre desempeño en cargos anteriores o actuales.

Si la principal tarea de la Comisión es cuidar la dignidad humana, inimaginable tener a un titular indigno.

El segundo, ya cuando esté en funciones, es lograr que aumente la aceptación de las recomendaciones emitidas en cualquiera de los ámbitos competentes. Se ha ganado terreno en este renglón. En Quintana Roo las recomendaciones han logrado cambiar marcos jurídicos y administrativos.

No podría ser diferente dada las decenas de tratados internacionales firmados y ratificados por México en la materia. Gracias a ello, integrantes de instituciones de los tres niveles de gobierno han sido sometidos a escrupulosos sistemas de rendición de cuentas.

Se comparte que la impunidad no es buena receta para la víctima ni para el victimario, y en ello radica quizá el logro más significativo del ahora ex titular Enrique Mora Castillo, quien empujó para que el Congreso del estado modificara el Código Penal respecto al abuso sexual. Hoy no prescribe, es decir, mientras el agresor tenga vida podrá ser juzgado.

El tercero tiene relación con inhibir las conductas nocivas. Después de lograr una aceptación creciente de las recomendaciones, debe fortalecerse la prevención. La meta es desterrar las prácticas que alienten el uso irresponsable del poder y la impunidad.

Si los castigos son ejemplares, dudarán en cometer más faltas. Hay que llamarlo por su nombre: quien comete actos fuera de la ley es un delincuente.

El cuarto y último, que la sociedad se involucre en estos asuntos. La sociedad deberá permanecer alerta del cumplimiento satisfactorio de las sentencias y reclamar ante incumplimientos o simulaciones.

A diferencia de lo que ocurre en otros estados, en Quintana Roo no hay registro escandaloso de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria o cateos ilegales, acciones impunes debido al silencio cómplice de quienes las conocen y no acusan.

En la medida que los ciudadanos denuncien y exijan el cumplimiento integral de las sanciones, se completará el círculo virtuoso en derechos humanos. Antes, ni pensado.

DESORBITADO…

Según las estadísticas, los policías son quienes cometen más arbitrariedades. Los “guardianes del orden” empiezan el relajo como jugando y terminan cometiendo delitos atroces. Por más cursos de sensibilización que impartan, muchos no entienden el significado real de su tarea. Debe mejorarse primero la selección del personal. Debe resolverse el problema desde la raíz. Es muy difícil enderezar lo torcido.