Se ha contado mil veces, pero vale la pena recordar aquel momento en que el gobernador Lázaro Cárdenas Batel llamó a Felipe Calderón para decirle que simplemente ya no podía más con el crimen organizado. Eso fue hace seis años y medio.

En ese lapso tuvimos a Julio César Godoy, diputado y medio hermano del siguiente gobernador, exhibido por ser cómplice y amigo de los líderes criminales, y hoy es prófugo de la justicia. Hemos tenido a una decena de alcaldes presentados frente a la justicia por ligas similares, todos exonerados por ineficacia gubernamental para armar un caso.

Y lo que vivió Cárdenas Batel no era más que el resultado de años y años de abandono de la entidad por parte de autoridades estatales y federales. Recupero del ensayo sobre Michoacán, drogas y violencia de Salvador Maldonado, ganador del premio nacional de Ciencias Sociales 2012, el siguiente párrafo:

“En los años cincuenta se generaliza la producción y el tráfico de drogas en Michoacán. Luis Astorga menciona que, según un representante del Ministerio Público federal, en la región de Aguililla los cultivos de frijol y maíz habían sido sustituidos por los de mariguana y adormidera (amapola). Pidió al gobernador hacer algo al respecto, pero que no mandara a la policía judicial, porque era ineficaz y fomentaba el cultivo (sic). Se menciona también que en agosto de 1959 una partida militar decomisó 300 kilos de mariguana y que el 29 del mismo mes y año se detuvo a una persona con 8.2 kilos de goma de opio. En copia de oficio dirigida al titular de la Procuraduría General de la República por parte del representante del Ministerio Público federal, se solicitó el envío de agentes para continuar las investigaciones, pues se decía que había 10 mil hectáreas sembradas de mariguana y que se estaban preparando tres mil más para el cultivo de adormidera”.

Lo que se ha podrido durante siete décadas no se arregla en unos meses, tal vez ni en unos años. Eso sí, que cada cual asuma sus responsabilidades.

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