Por estas fechas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales analiza crear la que se convertiría en la mayor área natural protegida del país: la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano. Y la polémica estalló.

El proyecto, que sería ejecutado a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es demasiado ambicioso: más de 5 millones de hectáreas (prácticamente desde Benito Juárez hasta Othón P. Blanco), cuya propuesta de decreto ha puesto en alerta a hoteleros, ejidatarios y ambientalistas, más por su tamaño que por los efectos de un “desarrollo equilibrado”.

Los empresarios establecieron un frente común integrado, de inicio, por 16 asociaciones, entre agencias de viajes, clubes vacacionales, restaurantes, navieras, marinas y hoteles de todo Quintana Roo. Tanto la Asociación de Hoteles de Cancún como el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe presentaron al gobierno del estado sus observaciones ante el riesgo que representa para la inversión debido al auge de otros competidores en la región.

Aun cuando nadie ha precisado la afectación en materia turística, Carlos Gosselin Maurel, líder de los hoteleros, estimó recientemente que ello pondría “en veremos” la construcción de al menos 37 mil cuartos de hotel en Cancún, Puerto Morelos, Riviera Maya y la zona continental de Isla Mujeres. Ello, calculó, sumaría una inversión de más de 7 mil 500 millones de dólares.

De entrada solicitaron que la protección se fije en laguna Chacmuchuc, en la zona de Xcacel y en Holbox, al considerar inapropiada la iniciativa ya que hay siete Áreas Naturales Protegidas. 

Por otro lado, 12 ejidos de la zona norte también levantaron la voz por sentirse excluidos y vulnerables. Se trata de “Isla Mujeres”, “Alfredo V. Bonfil” y su anexo “Puerto Morelos”, “Leona Vicario”, “Kantunilkín”, “Chiquilá” y su anexo “San Ángel”, “Holbox”, “Delirios”, “Ignacio Zaragoza”, “Valladolid Nuevo”, “Solferino” y “Benito Juárez”.

Hay actividades agrícolas, ganaderas y carboníferas, incluso operaciones turísticas y muchos proyectos, que se verían frenados si se concreta. No han sido tomados en cuenta, es lo peor del caso. La poca certidumbre jurídica en el uso de la tierra, y en algunos casos su único patrimonio sin certezas, los tiene en ascuas.

Además, 23 agrupaciones ambientalistas divulgaron su postura: una superficie tan amplia como la pretendida requiere mayores recursos para su monitoreo y vigilancia, por lo que al reducir su extensión y bajar su categoría se garantiza mejor dichas labores. Eso permitiría una mayor participación de los sectores comunitarios inmiscuidos. 

Al respecto, es destacable que los representantes de esas agrupaciones demandaran la realización de talleres sectoriales e intersectoriales convocados de manera oficial para elevar la participación social, así como precisar información e incluir material científico reciente sobre arrecifes, áreas marinas y otros territorios. La idea gusta.

La RBCM constituye una oportunidad para posicionar a México como un destino sustentable. Es cierto. Pero no sobra atender las demandas de los antes mencionados; sobre todo, en lo concerniente a la incorporación de todos los interesados, la información disponible, la opinión de otros especialistas y la eliminación de peligros, como la inversión o la incapacidad para cubrir dicha demarcación.

Sin ser experto, me agradaría si se empieza a respetar las áreas protegidas ya existentes, castigar a los irresponsables, fomentar la participación de diversos sectores y no permitir más aberraciones como la de Tajamar u otras tantas en este suelo. La riqueza natural de nuestro estado debe ser blindada de la mejor manera.