Los 10 presidentes municipales de Quintana Roo, todos de extracción priista, superaron sus primeros 100 días llevando las riendas de administraciones en las que hay mucho por enderezar, producto de deficientes conducciones marcadas por la corrupción y la ineptitud, con excesos imperdonables por haber dejado desangrados a 10 municipios donde el nivel de exigencia social es significativo y con tendencia a aumentar.

Muchos alcaldes dedicaron gran parte de su tiempo y energías a revisar a fondo el estado de las arcas, evaluando las dimensiones del despilfarro y pagos pendientes a proveedores, sin descartar el estado de nóminas obesas, producto de la contratación de amigos o por el pago de favores electorales, tradición muy nuestra en la política.

En el sur, como en gran parte del estado, las calles y avenidas convertidas en campo de guerra –por los baches y desfondes tan padecidos en nuestra capital – obligaron a los alcaldes a atender de inmediato el problema, con el respaldo del gobierno del estado.

Pero en la agenda ineludible hay temas que son un reclamo persistente, comenzando por el transporte urbano que opera a su mínima expresión, y que debe ser atendido y resuelto para dar un respiro a los bolsillos de miles de familias.

Los problemas de inseguridad se han plantado como un desafío creciente que nos ha arrebatado la tranquilidad, ya que la delincuencia se desplaza sin presiones, propinando manotazos efectivos en cualquier negocio, vivienda o posesión.

Desalojados de sus madrigueras cinco alcaldes no priistas en la pasada elección de principios de julio –en Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos–, el PRI se quedó como dueño absoluto del escenario, lo que implica una responsabilidad enorme, y para nada cómoda.

El balance debe incluir a los colaboradores de los alcaldes y regidores, ya que no todos llevan un ritmo de trabajo intenso. En el caso de los regidores, predominan los que se relajan y se niegan a atender sus encomiendas, nadando de a muertitos.

Para los alcaldes que tienen aspiraciones políticas inmediatas estos primeros 100 días son una plataforma de promoción personal, por lo que sus esfuerzos se comprenden ahora en esa lógica.

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría, anticipó que sería en el municipio de Felipe Carrillo Puerto donde se construirá un nuevo Cereso donde se requiere como mínimo una inversión de entre los 600 a 700 millones de pesos.

El ex alcalde de Solidaridad comentó que este proyecto a pesar de no estar etiquetado dentro del paquete fiscal estatal, se buscará que la federación brinde su apoyo para que se erogue esta cantidad de recursos y con ello desahogar las cárceles de Cancún y Chetumal.