El uso de dinero en elecciones ha sido punto de conflicto entre los distintos actores políticos desde tiempo atrás.

Su uso evidente en favor de los candidatos del PRI y su presumible origen en las arcas públicas fue superado por los sucesivos procesos de reformas electorales, la creciente competitividad de las otrora oposiciones, y el acceso de éstas a posiciones de gobierno, incluida la Presidencia de la República.

En la democracia contemporánea, la totalidad de los partidos participan de estas prácticas con poco disimulo, considerando su derecho convertir el erario en patrimonio partidista o privado, y una necesidad política utilizarlo ignorando cualquier límite legal y, por supuesto, ético.

Pero, por favor, no me crea. Acuda al instituto electoral que prefiera y solicite la información de cuántas facturas falsas fueron detectadas en la última revisión de cuentas. Siempre las hay. Aunque lo verdaderamente sorprendente es que por esas acciones se pagan multas y jamás se sigue un proceso penal.

En estas condiciones, la decisión de desviar recursos públicos, de aceptar donativos privados ilegales a cambio de favores políticos, y de practicar la compra de votos es obvia si se tiene el menor interés en competir exitosamente en el mundo de la política real.

En los últimos años, sin embargo, PAN y PRD parecen intuir que su menor experiencia en estas artes los pone en desventaja y han renovado sus reclamos de mayores controles al uso de dinero en elecciones. Algunas de las propuestas que se debaten en el actual proceso de reforma política se enfocan en este tema.

El problema es complejo y no existen soluciones fáciles, sin embargo, es mucho lo que se puede hacer para limitarlo sustancialmente. Dar auténticas capacidades de fiscalización al IFE, cancelar la candidatura a quien rebase los topes de gasto de campaña, y auditar el costo real éstas, incluidos los donativos en especie -que también representan dinero y que suelen ser utilizados para gastar fuera de los registros- son medidas disuasorias efectivas que hoy no se encuentran en la ley.

En pocos días, cuando se vote la reforma, sabremos si prevalece en el Congreso una visión de Estado, orientada a construir un país democrático y justo, o si la satisfacción de pequeños intereses particulares es su horizonte político.