Este jueves 10 de julio, la Suprema Corte de (in)Justicia de la Nación se apresta a aprobar uno de los peores contrasentidos en la búsqueda de la profesionalización de la administración pública de México, al declarar inconstitucional la exigencia de que los diputados de este país, sean federales o locales, sepan por lo menos leer y escribir.

El diferendo surgió a partir de la modificación que hiciera el Estado de Durango al artículo 69 de su constitución local, para exigir a los legisladores locales que cumplan por lo menos con tal exigencia; modificación que fue impugnada por el Procurador federal, Jesús Murillo Karam por considerarlo “discriminatorio de los grupos marginados de la sociedad”, habrase visto semejante idiotez.

Ciertamente el saber leer y escribir no es una exigencia constitucional federal, pero ¿que no la actual administración está realizando infinidad de reformas para profesionalizar la administración pública en todos sus niveles? Porque el país se está gastando unos 28 mil millones de pesos en echar a andar la reforma educativa, muy cuestionada, pero aprobada por el Congreso Federal.

Con la reforma educativa se exige a maestros que tengan preparación suficiente para impartir clases, pero se insiste en que quienes hagan las leyes que determinen tal cuestión sigan siendo hasta analfabetas. Es decir ¡hágase la ley, pero en las mulas de mi compadre!

Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez, iluminados ministros de la Tremenda Corte, señalan que declarar válida la exigencia de saber leer y escribir para ser diputado es discriminatorio contra el sector poblacional del país que está en esa condición; pero ¿no se supone que los diputados resuelven los problemas sociales y para ello requieren la visión y preparación suficiente? digo por lo menos para que puedan leer lo que aprueban.

Sergio Valls, el ministro que propone la constitucionalidad de la medida –y que no estuvo siquiera en la sesión para defender su proyecto- asegura que las entidades federativas pueden asumir esas medidas con base en su “libertad de configuración”, pero el tema aún así tiene entrampados a los ministros, que deberán resolver el diferendo este jueves.

Recordemos que el origen de las diputaciones plurinominales en 1977 estuvo fundado en esa representación que se pretendió dar a fuerzas políticas, grupos sociales o representaciones sociales minoritarias; pero lo cierto es que la representación nunca ha estado fundada en algún factor de este tipo, sino en la identificación de los proyectos políticos por parte del ciudadano que elige a sus representantes –sin entrar en detalle de las desviaciones “democráticas-; luego entonces son “cuadrados”, por no decir falaces los argumentos de los ministros de la corte; pero eso sí, muy legales.

 Si este jueves no se reúnen los ocho votos en favor del proyecto, en todo el país, y por obviedad en Quintana Roo, seguiremos entonces teniendo diputados que firman con su huella digital porque no saben escribir, que aprueban todo lo que les dicen sin cuestionar porque no saben leer –aunque hay casos más lamentables de los que todo aprueban aun con instrucción académica-; pero sobre todo, legisladores que no tienen la más mínima idea de cómo resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos que, se supone, representan.

Así que si usted es de los que envió alguna carta a su diputado haciendo alguna exigencia y no obtuvo respuesta, a lo mejor es que su diputado no sabe leer; pero por su “buen desempeño” es probable que hasta a alcalde llegue; porque en el Estado, varios de los presidentes municipales menos “instruidos” justamente pasaron por el Congreso estatal en la legislatura anterior.

Gracias señores ministros de la corte, por eso estamos como estamos, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.