¿Cuál es la derrama cultural de La Noche Blanca?, nos preguntamos muchos. Tres millones de pesos fueron invertidos en la última (se realizan 2 al año), registrando una asistencia de 63,300 personas en una sola velada. A Mauricio Vila y a su antecesor sin duda estos números les agradan, al menos en el papel. El relumbrón social y el capital político que estas cifras otorgan no son cualquier cosa. 

Pero, ¿qué pasa el resto del año? ¿Dónde están las cifras de asistencia al resto de los programas y foros a cargo de la Dirección de Cultura?

Felipe Ahumada se enfrenta al reto de subsanar los vacíos dejados por Irving Berlín, ya que fuera de las Temporadas Olimpo que destinan presupuesto a espectáculos escénicos, musicales y de artes visuales, poco queda para las demás manifestaciones artísticas. La concepción de que la cultura es un mero espectáculo masivo continúa arraigada dentro de sus políticas, donde se pretende capitalizar únicamente la asistencia, la percepción mediática y el impacto inmediato que esta programación tiene durante los 12 meses del año.

Ha quedado claro en las dos últimas administraciones que ni la literatura, ni el cine y los eventos académicos son parte de las prioridades de la máxima institución cultural de la ciudad, que, por lo demás, arroja un panorama yermo al margen del Mérida Fest y sus noches no tan blancas. Llama la atención que, dentro de los avances y programas loables del mismo, se encuentre la formación profesional de gestores culturales y la adscripción de la ciudad a la Agenda 21, que constituye un plan de acción que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por países o regiones que forman parte de las Naciones Unidas.

Curiosamente, el diplomado en gestión y marketing cultural fue el programa de formación que desembocó en estos esfuerzos, mismo que recién presentó su tercera edición y que originalmente fue operado por Ana Ceballos, directora de Aforo, la misma empresa que administró los recursos de la fallida Plataforma 01 a la que me referí en mi columna anterior.  

No cabe duda que la carta de los derechos culturales, cuya génesis es la Agenda 21, y los talleres y diplomados formativos deben continuar, pero administrados directamente por la Dirección de Cultura y no por terceros, en especial porque, como vemos, no existió convocatoria pública y fue operado por una empresa cuya opacidad da mucho qué pensar.