Los enfrentamientos del fin de semana en Iguala entre policías municipales y normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, que cobraron la vida de los estudiantes Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón Fuentes; las del chofer de autobús y un futbolista casi niño, más una treintena de heridos, no son únicamente nuevos incidentes en el viejo historial de confrontaciones entre autoridades incapaces de ejercer sus responsabilidades y futuros profesores comprometidos más con un inviable proyecto político que con la educación.

No lo son, porque esta vez hay dos ingredientes mucho más explosivos:

a) Según el procurador de Guerrero, hay indicios de que en las balaceras contra civiles participaron tanto policías municipales como gente ataviada y embozada de negro de probable pertenencia a un grupo delincuencial.

b) Y según la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa, 57 de sus compañeros de primero y segundo grados, de quienes aportan completos los nombres y apellidos, están “desaparecidos”.

Vivos estaban y vivos, pero en chinga, deben ser localizados.

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