Este 14 de noviembre se cumplió un año de la ejecución del contrabandista fronterizo Ernesto Alonso de Miguel, alias “El Español”, y del policía ministerial Agustín Guevara Martínez, asesinados por un gatillero solitario en el restaurante chetumaleño El Emporio, ubicado muy cerca del bulevar Bahía y del Congreso del Estado.

La doble ejecución es una herida abierta para el Fiscal General del Estado, Carlos Arturo Alvarez Escalera, quien hace un año era Procurador de Justicia. Apenas el 14 de septiembre el chetumaleño Gaspar Armando García Torres había abandonado la complicada silla que había soportado a lo largo del período del gobernador Roberto Borge.

El doble homicidio ocurrido en Chetumal conmocionó a la sociedad capitalina porque el ataque con arma de fuego ocurrió a la vista de la clientela que consumía sus asados, con relajada y efusivas conversaciones de aquel sábado por la noche.

Aquella Procuraduría demostró su incapacidad, sin que su conversión a Fiscalía General del Estado con el mismo titular haya modificado algo, ya que la investigación permanece empantanada y condenada por el desinterés, pese a la caída de uno de los suyos.

La intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) nada bueno aportó a la investigación tan descuidada por la Fiscalía General, y ya superamos el primer año sin autor material e intelectual del doble homicidio ocurrido en una capital que ha sido sacudida por oleadas delictivas y de inseguridad, con la impunidad y el olvido como ocasional respuesta, como en este caso tan doloroso.

Primer golpe contra Borge

Con los medios informativos nacionales como caja de resonancia, el gobernador Carlos Joaquín González reveló que su gobierno interpuso las primeras denuncias contra su antecesor, Roberto Borge Angulo, acusado de entregar la mitad de la reserva territorial de la entidad a familiares y amigos a precios de remate.

Según la información que lanzó Carlos Joaquín, primero en un noticiero de cobertura nacional y después en una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, Borge Angulo, cual voraz terrateniente de la época del porfiriato, habría vendido más de 10 mil hectáreas de alta plusvalía en poder del estado. Un despojo criminal que no debe quedar impune.

El brazo ejecutor de estas ventas fraudulentas fue el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), donde su directora Claudia Romanillos Villanueva fue cómplice de las turbias operaciones ordenadas desde el Palacio de Gobierno.