El presidente Peña, durante los sucesos ocurridos recientemente en tierras michoacanas, viajó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial. A todos aquellos mexicanos aquejados de localismo a ultranza no les vino bien que nuestro mandatario se ausentara en parecidas circunstancias y, encima, que lo hiciera con el propósito de codearse con los ricos del planeta. Pero, hay que entender que el jefe del Estado mexicano no se ocupa en exclusiva de un asunto sino que atiende un amplio abanico de temas. Y México, de la misma manera, no es solamente un territorio donde ocurren expolios y atrocidades por cuenta de las organizaciones criminales sino una potencia industrial, un país poblado por una pujante clase media, una economía abierta y un gigante exportador. En Davos, y en otros escenarios internacionales, se gestionan, justamente, los intereses del país que sí funciona, una entidad tan real y concreta —y, por lo tanto, tan insoslayable— como la otra, la de ese México improductivo, atrasado, corporativista y de cultura clientelar que no logra sacudirse de encima el pesado fardo de la pobreza.

Pero, más allá de cualquier posible apreciación sobre las prioridades dispuestas en la agenda presidencial (el tema puede tener varias vertientes: acabo de leer, en la prensa de Buenos Aires, una columna en la que se cuestionaba que la señora Fernández hubiera preferido viajar a Cuba en lugar de aparecerse, precisamente, por Davos; y esto, miren ustedes, en los momentos mismos en que su país enfrentaba una muy complicada coyuntura económica por el desplome del peso argentino), el viaje de Peña Nieto exhibe, en toda su dimensión, una de las grandes disyuntivas nacionales, a saber, el dilema entre la economía y la seguridad. La cuestión es mucho más evidente de lo que pudiera parecer a primera vista: para mayores señas, ese carácter popular y revolucionario que algunos observadores le encuentran a los grupos de autodefensa se diluye por completo cuando su condición es reducida a la categoría de una milicia contratada por los potentados de Tierra Caliente que, de tal manera, se agenciarían ellos mismos su seguridad. Ya no estaríamos hablando, entonces, de una suerte de movimiento espontáneo de valerosos pobladores sino de la inquietante creación de guardias privadas para desempeñar las funciones que corresponden, por ley, a la fuerza pública.

Lo más interesante, sin embargo, es el componente económico del asunto: después de todo, Michoacán es un estado exportador de productos agropecuarios. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los propietarios de las explotaciones agrícolas para proteger supatrimonio? Por lo pronto, ya se han organizado, de una u otra manera, para evitar la extorsión de los delincuentes. Pagan por esa seguridad que el Estado no puede brindarles. Y, por lo que parece, en ese choque directo entre la economía delictiva —la del dinero obtenido en secuestros, robos y extorsiones— y la economía legal, la segunda es la que está resultando ganadora. Esto nos habla, creo yo, de la desbordante fuerza del mercado y de esa disposición, tan igualmente incontenible, de los individuos para defender sus bienes. Pero lo más desalentador, una vez más, es que la sociedad civil es la que ha terminado por dar solución a un problema. ¿Dónde se encontraba el Estado?

Peña Nieto no pudo evitar, en Davos, las preguntas sobre la inseguridad que se vive en México. Lo más visible, desde luego, es el tema de Michoacán. Pero los mexicanos, con sólo doblar la esquina, padecemos robos y secuestros. Tanto, que la primera preocupación de los ciudadanos de este país ya no es la economía sino la seguridad. Y, en este sentido, la pregunta sobre la ausencia del Estado es de una urgencia impostergable: Ciro Gómez Leyva, en una columna reciente, escribía que Los caballeros templarios se movían a sus anchas en Tierra Caliente. Luego entonces, las autoridades no pecaron de omisión sino que, en infame complicidad, brindaron protección a los canallas. El Gobierno federal, que uno supondría enterado de la situación, ¿se va a quedar cruzado de brazos? ¿No va a detener y a castigar a los responsables de la más nefasta descomposición social ocurrida en este país en los últimos tiempos?

Crear un país de leyes y de certezas jurídicas es la gran asignatura pendiente del actual Gobierno. La solución implica terminar con la escandalosa ineptitud de muchos gobiernos locales, por no hablar de su abierta colaboración con los delincuentes. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar al México que no funciona?

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