Desde su fundación Mérida dejó a sus habitantes la responsabilidad de resolver su abastecimiento de agua y la disposición de sus aguas servidas, haciéndose costumbre resolver el abastecimiento doméstico a partir de dos fuentes: agua de lluvia para beber y agua subterránea para las demás necesidades. A principios del siglo pasado se propuso instalar una red contra los frecuentes incendios que en esa época ocurrían, construyéndose una red de abastecimiento que daba servicio al primer cuadro de la ciudad.     

Hace poco más de medio siglo, una epidemia de paratifoidea y la incidencia de una elevada morbilidad infantil, a causa de enfermedades de origen hídrico, fue determinante para que Mérida contara con un servicio público de agua potable, construyéndose un sistema de abastecimiento, en sus inicios reconocido como el mejor a nivel nacional, por la calidad del agua que distribuía, condición de la que hoy estamos muy lejos. 

Sin embargo, hasta la fecha el manejo y disposición de las aguas negras es, en más de las dos terceras partes de la ciudad, responsabilidad de cada vivienda, comercio u oficina, persistiendo, en el mejor de los casos, el uso de fosas sépticas y pozos de absorción, en un escenario carente de normativa e inspección adecuada, es decir, sigue en riesgo el futuro del acuífero, amén del enorme peligro de convertirlo en un foco de transmisión de peligrosas y costosas enfermedades.

Sin embargo, paradójicamente, Mérida fue la primera ciudad del país que contó con un sistema de drenaje y tratamiento de aguas residuales, construido a principios del siglo pasado para dar servicio a todo el equipamiento construido en torno al Parque de la Paz, especialmente los hospitales, cuyas aguas tratadas alimentaban una fuente que estaba en un espacio al poniente de la ex penitenciaría, sitio de reunión de la gente que habitaba la calle 59.

En este contexto, lo que es vital es tener una normativa adecuada a nuestras características, tanto en materia de instalaciones domésticas, como de infraestructura pública y de sistemas de tratamiento y disposición final, sin perder de vista que es esencial que entendamos que somos nosotros mismos quienes estamos atentando contra nuestra seguridad sanitaria.