El caso Robert

La agencia del Ministerio Público de Ticul ha incurrido en omisiones graves como la de haber demorado más de 10 meses en ordenar diligencias tendientes a la investigación de los hechos que se denunciaron.

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El Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en esta capital, ordenó al Ministerio Público del municipio rural de Ticul resolver la averiguación previa, abierta, por presunta tortura en la muerte del entonces migrante maya Robert Tzab Ek, ocurrida en 2010.

La instancia jurídica con sede en Yucatán notificó la sentencia relativa al juicio de amparo 696/2013, para otorgar el amparo y protección de la justicia federal a familiares de Robert Tzab, por la omisión de la agencia 14 del Ministerio Público de Ticul, para investigar la tortura y posterior fallecimiento que Robert sufrió mientras se encontraba detenido en las instalaciones de la agencia 12 del Ministerio Público con sede en la ciudad de Tekax, al sur de la entidad.

El entonces migrante Robert Tzab Ek fue detenido en la comunidad sureña de Oxkutzkab, a 180 kilómetros de Mérida, la madrugada del 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía General).

El sujeto fue recluido en una cárcel pública de Tekax mientras se integraba su expediente. Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en esos mismos separos en  circunstancias que obligan a sospechar tortura, pero que implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de los detenidos.

El 21 de agosto de 2010, familiares de Robert Tzab presentaron formal denuncia contra quien resulte responsable por los hechos que culminaron en la muerte del migrante, señaló el grupo Indignación en un reporte.

Según el grupo de derechos humanos, la agencia 14 del Ministerio Público de la actual Fiscalía General de Estado violó los derechos de seguridad jurídica e impartición de justicia, pues no ha investigado la denuncia de tortura presentada, dejando en total incertidumbre a los familiares de Robert Tzab.

La agencia del Ministerio Público de Ticul ha incurrido en omisiones graves como la de haber demorado más de 10 meses en ordenar diligencias tendientes a la investigación de los hechos que se denunciaron, hecho que demuestra un total desinterés en la investigación.

Al omitir integrar la averiguación previa en un término breve, la Fiscalía violó lo establecido por el artículo 1 de la Constitución que dispone la obligación de las autoridades de investigar alegadas violaciones a derechos humanos y reparar el daño.

PRIMERA CAIDA.- Es de elemental justicia que los familiares de Tzab Ek reciban la información correcta y se compruebe la verdadera causa de la muerte del ex migrante.

SEGUNDA CAIDA.- Si bien es cierto que el caso ocurrió en el gobierno anterior, corresponde a la Fiscalía General del Estado averiguar qué sucedió realmente y proceder a castigar a los responsables.

TERCERA CAIDA.- ¿Es mucho pedir?

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