Giras de secretarios federales, encuentros internacionales de especialistas y cifras recientes de organismos nacionales demuestran una lucha sin precedente contra el hambre, la pobreza y la marginación, sobre todo en municipios como Benito Juárez, donde habita la mayoría de la población quintanarroense y en donde se percibe la desigualdad en los cinturones de miseria.

Desde este mes, el Estado y las administraciones municipales comienzan a implementar las estrategias económicas y laborales para sacar ventaja en esa lucha que parece interminable. Según los actores principales de estas campañas, el trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno, la voluntad de los empresarios y la participación de ciudadanos podrán brindar resultados favorables en el mediano plazo.

El parteaguas fue la visita de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para tomar protesta días atrás a los Comités Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre, que puso a trabajar en serio a funcionarios cuya encomienda no es el asistencialismo, sino la solución de los problemas.

Rosario Robles anunció aquí algunas medidas que, miradas con seriedad, siempre son oportunas cuando se trata de ayudar a los grupos vulnerables. 

La creación de 78 comedores para apoyar a niños, mujeres y ancianos; los convenios para otorgar descuentos a los adultos mayores; el Programa Fronterizo en los 10 municipios, que permitirá a unas 28 mil familias acceder a la “tarjeta sin hambre”, o la instalación de 639 comités comunitarios “sin hambre”, son bien vistos cuando se busca sacar de la pobreza extrema a poco más de 120 mil personas en la entidad.

Para abatir la pobreza se debe tener una sociedad mejor alimentada; porque un pueblo mejor alimentado tiende a ser más pacífico, lo que redunda en más estabilidad. Es un círculo virtuoso ya visto con resultados óptimos en países asiáticos, algunos sudamericanos y otros de la Europa del Este.

A esos de índole federal se suman otros estatales y municipales, que en teoría persiguen metas parecidas. Un sector de la población celebra estas medidas, pero otro las desestima porque en la práctica son insuficientes. ¿Ayudan? Por supuesto. Nadie ganaría proponiendo eliminarlos de agendas y planes gubernamentales, menos cuando se constatan las caravanas de salud, las asesorías de diverso tipo, las capacitaciones y los espacios en los que pueden realizar trámites en menos tiempo y con menos dinero.

El problema es que programas como los anteriores son paliativos, no soluciones. Estos programas que cumplen objetivos muy específicos y coyunturales, están reemplazando el rol del Estado de proporcionar empleo o las oportunidades para todos. Porque es evidente que el Estado no puede solo cuando el sector privado y la sociedad no aportan, cuando actúan aislados y sin planes en ámbitos clave como la educación y la seguridad.

Cuando se actúa en bloque y se concatenan las acciones de los tres niveles se genera empleo, se acerca la riqueza y se resuelve el problema de raíz. Antes ni pensarlo. Menos aun cuando los programas se usan con un fin político electoral.

Estos programas son atractivos para todos los partidos y todos los gobiernos, sobre todo cuando se trabaja con un motivo electoral. La mezquindad política de quienes los promueven o coordinan frenan todos los demás esfuerzos por reducir la pobreza y avanzar hacia el progreso. Cuando los intereses electorales se cruzan en el despliegue de estas nobles acciones, se pierde el sentido auténtico y se fracasa. 

Quintana Roo tiene todo para sacar a esos 120 mil de la pobreza. Es uno de los estados con mayor crecimiento, entre los que generan más empleos y de los que más inversiones atraen. Es momento de trabajar, todos juntos, sin otro propósito que el de buscar la justicia social.