Hace muchos años, desde la última crisis económica de 1994 si no es que más, que la agenda principal del gobierno no es enfrentar los daños causados por la crisis o evitar la contaminación de desajustes externos o alcanzar una transición democrática adecuada. Sí había planes de desarrollo, pero no como esencia de gobierno.

En la actualidad, lo que se respira con la administración del presidente  Enrique Peña Nieto es precisamente el cambio para el desarrollo. Y éste está representado por ajustes en todo tipo de leyes, incluso en el ámbito constitucional, con miras a impulsar el crecimiento, el empleo, el desarrollo regional, combatir la pobreza… En pocas palabras, transformar el país.

Los funcionarios del actual gobierno me convencen cada vez más de que es así y que, claro, los beneficios a la sociedad se verán fundamentalmente en el próximo gobierno sin menospreciar lo que veremos en el actual, entre ellos la baja de precios en el gas y la electricidad con importaciones de shale gas de EU; lo veremos quizá en 2014.

La reforma energética es una muestra clara de mi apreciación. Se nota que los funcionarios hicieron su tarea y sí estudiaron todas las alternativas legales y económicas para proponer lo que ya se conoce. En la mesa de negociaciones se podrá mejorar el objetivo, la forma y los tiempos. En verdad, hay que confiar, porque el diálogo se hará con quien tenga que hacerse. Esa es la orden presidencial, y si alguna empresa o inversionista no está satisfecho con la propuesta es porque no se atiende a los intereses particulares.

¿Por qué la certeza de que sí habrá interés por los contratos de utilidad compartida? Porque la riqueza potencial es muy grande: los mayores volúmenes de reservas probadas de petróleo (69 por ciento) se localizan en campos marinos y de las reservas 3P, 52 por ciento está fuera de la costa. En aguas profundas están mil 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes de 3P, igual a los que existen conjuntamente en Burgos, Veracruz y Sabinas. Seguiremos con el tema.

CUARTO DE JUNTO

Adriana Labardini suena fuerte para integrar el consejo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y es la única que representa organizaciones sociales plurales. Tiene que vencer a Irene Levy y Mónica Aspe. Otro es José Luis Ambriz, quizá el menos conocido de los aspirantes, pero con gran experiencia en regulación como pocos; Héctor Olavarría, otro que suena, no la tiene fácil por su supuesta liga a favor de Telmex. La semana que viene ya habrá decisiones.