No se le puede acusar de flagrancia, porque no puede haber flagrancia en una guerra, me dijo ayer Talía Vázquez, la abogada del encarcelado líder histórico de las autodefensas michoacanas José Manuel Mireles.

¿En qué artículo de la ley está esa excluyente de responsabilidad?, le respondió con una pregunta retórica el comisionado Alfredo Castillo. Y le recordó que Mireles se sujetó al acuerdo de que, a partir del 10 de mayo, quien ostentara o portara armas de uso exclusivo de las fuerzas federales sería detenido. Tal cual ocurrió con Mireles el viernes.

Talía Vázquez aseguró, también, que a Mireles le sembraron las armas. Castillo descalificó esas palabras con otra pregunta de respuesta implícita: ¿Se le sembraron armas a quienes siempre andan armados e insisten que no se quieren desarmar?

Y así podríamos seguirnos. Era inevitable que explotara la contradicción. Para la abogada es la traición a un hombre indispensable cuando las horas más oscuras de la lucha contra los criminales templarios. Para el comisionado es el tránsito a la vida institucional.

La abogada insistió en que, con el grado de violencia e inseguridad que prevalece en Michoacán, no puede obligarse a la gente a desarmarse. Castillo insistió en que en Michoacán ya no se necesitan caudillos.

A su manera, la abogada pide la gracia. En los hechos, Castillo y el gobierno aplican la ley a secas.

El drama es que los dos pueden tener razón. Por lo mismo, ninguno la tiene plenamente hoy. No, si recordamos que apenas al comenzar el año, el gobierno estaba urgido de eficaces aliados locales. Como Mireles.