Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo.

Avena, es el nombre del litigio iniciado por el gobierno mexicano el 9 de enero de 2003 en contra del gobierno estadounidense por condenar a la pena de muerte a 51 mexicanos sin informarles debida y oportunamente, al momento de ser aprehendidos, de su derecho a asistencia consular para su debida defensa.

Se le llamó Caso Avena, por Carlos Avena Guillén (primero en la lista), quien fue sentenciado a muerte en California a los 19 años de edad en febrero de 1982, por asesinato, de lo cual se enteraron las autoridades consulares mexicanas 11 años más tarde.

Su importancia radica en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resuelve el caso a favor de México, y obliga a Estados Unidos a propiciar la protección consular de los mexicanos que son detenidos en ese país, además de ser debidamente procesados.

Al respecto, en mayo se presentó el libro titulado La Corte Internacional de Justicia y la Protección de los Derechos del Individuo, bajo el auspicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo como tema el Caso Avena, obra que lleva el apellido del primero de los 51 condenados a muerte por el sistema de justicia norteamericano.

A pesar de que en la gran mayoría de los casos las autoridades policíacas y judiciales sabían con certeza la nacionalidad mexicana de los detenidos, los consulados de México tardaron entre uno y cinco años en enterarse de la detención. Y los procesos penales que los llevaron al "callejón de la muerte", duraron, en muchos casos, entre 1 y 5 días.

Como es bien conocido, el fallo de la Corte Internacional de Justicia obliga a las autoridades de Estados Unidos a suspender las ejecuciones y revisar de nuevo los procesos, debido a que se violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que concede a los ciudadanos de un país que son detenidos en otro, el derecho de contar con asistencia consular.

Entre las violaciones más escandalosas a la ley, destaca el caso de Daniel Covarrubias Sánchez, sentenciado a muerte en California por robo, robo a casa habitación y asesinato múltiple.

Esta persona, después de cometer el crimen en Estados Unidos, huyó a México, donde fue encontrado y capturado el 28 de julio de 1995 por caza recompensas estadounidenses, que entraron ilegalmente a México para secuestrar y entregarlo a agentes del FBI en el Condado de Monterey, California.

Los agentes del FBI, además de aceptar este procedimiento a todas luces ilegal, informaron a Covarrubias que su tiempo para recibir asistencia consular había expirado. Así, fue entregado al juez, que lo sentenció a muerte a través de un proceso de un mes y 9 días.