¿Ha cambiado el gobierno la estrategia para enfrentar el fenómeno de las policías/guardias comunitarias o grupos de autodefensa?

En la última semana hay reportes de detenciones de integrantes de estos grupos en Aquila, Olinalá, Ayutla y Pinotepa. En la mayoría de los casos, según los reportes de la prensa local, los arrestos están plagados de cosas raras, actuaciones irregulares de las autoridades y en todos ha estado involucrado el Ejército. 

Imposible saber si es una nueva estrategia o solo una coincidencia. Los únicos signos son un par de expresiones en un tono más duro de Miguel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Los gobernadores de Oaxaca, Guerrero y Michoacán tampoco han dicho si es parte de los acuerdos tomados con el gobierno federal y el gabinete de seguridad. Algo parece estar pasando.

El problema es que no se puede solucionar una ilegalidad con actuaciones que, de entrada, parecen turbias. El fenómeno de las guardias comunitarias es complicado, opaco. Da miedo escuchar a La Tuta defender a algunos grupos para después denunciar a otros. Policías comunitarios de Colima acusando a otros grupos michoacanos de extorsión y viceversa. 

Leo sobre una lideresa en Olinalá arrestada y de la que nadie sabe nada, de otro comunitario en la costa de Oaxaca incomunicado en una delegación de la PGR. 

El abogado de los 40 de Aquila, recluidos en Veracruz, confirmó ayer en la tarde que todos siguen tras las rejas. El plazo legal para dictarles formal prisión vence el domingo 25 a las 11 de la mañana, 11 días después de su detención. Todos están acusados de delincuencia organizada y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. 

Si al menos en parte este fenómeno inició por la ausencia del Estado en zonas pobres y remotas del país, peor se pondrá el asunto si la acción gubernamental visible es una marcada por la arbitrariedad.
Nadie quiere un país en el que un grupo se nombre policía, se arme y actúe como le venga en gana. Por lo menos yo no.

Pero dudo que llenar las cárceles sea la solución.