El Poder Judicial está enfrentado acusaciones de corrupción. La más reciente, en el ámbito federal, es la relacionada con jueces y magistrados vinculados supuestamente al crimen organizado, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. A decenas de juzgadores mexicanos se les sigue la pista para comprobar si cometieron delitos como el lavado de dinero. Los expedientes son analizados por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia; mientras tanto, “son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Por “tradición”, son políticos, funcionarios e integrantes de las Fuerzas Armadas quienes son investigados por asuntos de esa naturaleza, pero pocas veces quedan en evidencia miembros de dicho Poder. Qué bueno. Por el bien de todos, es necesario indagar hasta la mínima acción de aquellos para beneficiar a los delincuentes y se ataque sin miedo a la corrupción, al tráfico de influencia y la impunidad, tres males que aquejan al país. 

En Quintana Roo se lleva a cabo una lucha constante y bien preparada para garantizar la integridad del Poder Judicial, un asunto que motiva a todos. 

En el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el Poder Judicial del estado, presidido por el magistrado Fidel Villanueva Rivero, implementa cursos, capacitaciones y novedosos programas a los actores de la justicia, llámense abogados, policías, agentes del Ministerio Público, jueces o magistrados. El fin es que todos ellos ejecuten sus obligaciones de modo secuencial, ordenado y seguro, respetando los derechos plenos de los presuntos. 

En el nuevo esquema, cuya consigna es transitar con éxito de un sistema penal tradicional a uno oral y transparente, participan también los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual implica un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de Gobierno en Quintana Roo, aun cuando la tarea de organizar, avanzar etapas e implementar le corresponde al Judicial. 

Cabe resaltar que en Quintana Roo ya se avanzó al Tercer Cuadrante (de cuatro), lo cual significa hay logros en planeación, normatividad, capacitación, difusión, infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información. Por todo ello, el Gobierno federal ha considerado a Quintana Roo ejemplo nacional en la materia.

¿Qué falta? Cumplir dos aristas importantísimas: la primera, redoblar esfuerzos en la difusión para llegar al ciudadano común de manera efectiva, pues todos deben conocer cuanto antes los pormenores de la reforma penal. 

Un equipo encabezado por la comunicóloga Érika Camacho Escalante, del Poder Judicial del estado, “aterrizó” conceptos jurídicos para difundirlos de forma sencilla a los quintanarroenses. El programa “Yo Sí Quiero”, presentado recientemente, pretende llegar de manera amable a todos para conocer de cerca lo que viene en materia judicial y asegurar, por otro lado, la probidad de los involucrados. 

La segunda arista guarda relación con la etapa de operación, programada para el 10 de junio. En este renglón es cuestión de tiempo más que de estrategias o planeación, ya que los primeros Tres Cuadrantes fueron resueltos con eficiencia.

Es una buena noticia para la justicia de Quintana Roo, sobre todo porque más allá de ser un marco legal, una ley completa, se trabaja en favor de la honestidad y el control de los funcionarios, buscando la transparencia y la rendición de cuentas, sin que estos opongan resistencia.

La apertura y este renovado acercamiento con la sociedad traerán más beneficios que complicaciones. Es hora de que trabajen de cara a los ciudadanos y apliquen justicia de manera pronta, gratuita y expedita como ordena la Constitución. Sin duda, van por buen camino.