La Cámara de Diputados aprobó en abril un cambio a la Constitución que permitiría a los extranjeros adquirir propiedades a menos de 50 km. de las costas. La reforma, que deberá ahora ser considerada por el Senado es de particular interés para Yucatán, pues involucra tanto a Mérida como al extenso litoral del Estado.

El diputado Raúl Paz es uno de los promotores de esta reforma y ha expresado en distintos medios sus argumentos a favor de ella, destacadamente:

1. Que el actual régimen de fideicomisos, que permite la posesión pero no la propiedad de los bienes raíces en cuestión, se los encarece a los extranjeros.

2. Que al eliminarse la prohibición se registrará una significativa derrama económica, producto de las nuevas ventas de propiedades a extranjeros.

Los argumentos son, sin embargo, directamente contradictorios.

Abrir el sector al mercado global significa un aumento inmediato de la demanda -pues ahora participarían de ésta quienes antes no podían- con la consecuente alza de precios. Los costos, en efecto, dejarían de ser más elevados para los extranjeros y pasarían a ser igual de caros para los mexicanos.

En cuanto a los beneficios económicos, éstos se concentrarían en quienes comercian con bienes raíces, pero no se traducirían en ventajas generales para la sociedad. El viejo postulado neo-liberal de que el enriquecimiento de las élites significa la mejoría económica para la población, desechado tiempo atrás en la academia y la política, es evidentemente falso en un país en el que viven tanto el hombre más rico del mundo como 60 millones de pobres.

En las condiciones económicas del mundo actual, esta apertura significaría desplazar de propiedades próximas al mar, por la vía del mercado, a una capa de propietarios y arrendatarios que ya no las podrían sufragar, focalizando el disfrute de las playas aún más en los segmentos poblacionales pudientes, extranjeros incluidos.

Más allá de los dudosos beneficios económicos, la reforma deterioraría la calidad de vida de los mexicanos, y dados nuestros hábitos playeros, de los yucatecos en especial.

El disfrute de las playas mexicanas, vinculado innegablemente al régimen de propiedad de los terrenos próximos, el goce del “gigante azul abierto democrático”, el mar de Guillén, son privilegios que los diputados deberían proteger, primeramente, para sus representados.