Hace poco más de cuatro años, un menor de edad falleció en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, iniciándose con esto una batalla legal del padre contra 16 médicos de dicha institución,  acusados de homicidio culposo. Este tipo de homicidios radica en causar la muerte a un ser humano por otro, obrando con culpa, o sea, sin intención o dolo, pero con negligencia. Yo me pregunto, ¿dieciséis médicos actuaron con negligencia en este caso? Si bien ha habido casos aislados de homicidios culposos por negligencia médica en todo el país, y en la gran mayoría de las instituciones públicas, culpar a todo un equipo médico se me hace bastante extraño y yo dudaría de aquel juez que los condenó. 

Debemos entender que para todo médico, aunque pase toda la vida estudiando, el ejercicio de su profesión es una eterna lucha contra la muerte, la cual a veces es difícil ganar. Los casos de éxito son, y han sido siempre, opacados por casos como éste.

Independientemente de las acusaciones que se les han imputado, valdría la pena analizar bajo cuáles condiciones laborales laboran estas personas, incluyendo la de los médicos residentes, el tiempo que le dedican a su trabajo, y la disponibilidad de los recursos materiales y equipos con los que cuentan en las instituciones para ejercer tan noble labor. Muchos de ellos, para poder subsistir debido a los precarios salarios, tienen doble turno, generalmente en otras instituciones públicas, algunas veces privadas. Por lo anterior, es común encontrar a un doctor o profesional del ramo médico mostrando aparente cansancio, y una persona cansada no rinde igual que otra que no lo está.

Por décadas, instituciones como el IMSS, ISSSTE, y los hospitales públicos administrados y operados por los Estados, han sido señalados por motivos diferentes a los de negligencia, como el desvío de recursos. Recientemente la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo fue señalada por asignar contratos millonarios a empresas bajo sospecha de estar vinculadas a funcionario encargado de administrar el presupuesto. La asignación ilegal de este tipo de contratos conlleva a que el Estado pague precios muy elevados por material y equipos médicos cuyos precios reales en el mercado están muy por debajo. Si las cosas fueran legales, parte de este dinero desviado podría ser utilizado para mejorar y equipar a las instituciones públicas y darle un pago digno al equipo de profesionales que allí laboran. Tan sólo el Hospital General de Playa del Carmen no ha sido acreditado por el Seguro Popular debido a la falta de recursos para equipar debidamente algunas áreas.

En situaciones como éstas, es donde los ciudadanos debemos de actuar y exigir el buen uso de recursos públicos. Debemos demandar instalaciones de calidad y a la altura del auge económico que dicen el Estado está viviendo.