Que la muerte del niño de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo destruya los sueños presidenciales del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es algo anecdótico ante el meollo político de esta tragedia: la endémica incapacidad de las policías para someter con eficacia y pulcritud a grupos que afectan a cantidades más numerosas de personas.

La ecuación simple en este caso propone la condena de un gobernador que promovió una ley agresiva (de rimbombante nombre, Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza, pero conocida como ley bala), y se resuelve con la muerte del niño en los hechos del 9 de julio, cuando la policía estatal desalojó a manifestantes que bloqueaban un tramo de la carretera Puebla-Atlixco por un problema de registro civil.

“Los granaderos estaban aventando cosas que explotaban”, afirmó la señora Elia Tamayo, madre de José Luis, ganando desde el principio el debate al gobierno de Moreno Valle, sorprendentemente torpe en un episodio tan delicado.

José Luis murió el sábado 19. Moreno Valle cargará con el estigma de un represor que diseña leyes para matar y mata. Un banquete para los opositores: antes te metían a la cárcel por tener diferentes opiniones, hoy simplemente te matan si no les gusta lo que estás haciendo.

Es atroz que un policía mate a un niño, en la circunstancia que sea. Y es una desgracia que una policía no pueda recuperar con limpieza una carretera. A ver quién se atreve a hacerlo después del caso Tehuatlie.

Frente a eso, el ahora tétrico futuro de Moreno Valle es una nota de pie de página.