Lo que entonces parecía muy distante afortunadamente no lo fue tanto. Me refiero a la implementación del nuevo Sistema Penal Mexicano. En 2008 los integrantes de la LX Legislatura Federal aprobábamos -con algunas acertadas modificaciones- la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente Felipe Calderón para mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Una de las pocas y más trascendentes reformas estructurales en las que no privó el egoísmo o el cálculo electoral.

El tema lo ameritaba. Sin adecuada y pronta impartición de justicia no hay Estado que se construya. El anterior sistema provocaba ineficiencia, corrupción, dilación, violación de derechos humanos. 

Con esa reforma de corte garantista, el nuevo sistema pasará de inquisitorio a acusatorio-adversarial. Con él se respetan mejor los derechos humanos de las víctimas y de los imputados. Se basa en la presunción de inocencia. Habrá procesos penales más rápidos y eficientes. Se utilizará más la justicia alternativa, o sea, asuntos no graves se resolverán por la mediación para resarcir el daño. Creación del juez de garantías. Juicios públicos orales. 

Se estableció un período para su implementación de 8 años a partir de su promulgación, que jurídicamente se llama “vacatio legis”. Es decir, tanto en la justicia federal como en la de todos los estados deberá entrar en vigor a plenitud en 2016.  A algunos nos parecía entonces muy lejano, pero era necesario para implementarlo de manera adecuada.

Buena noticia que Yucatán sea uno de los primeros estados en implementarlo. Seguramente el nuevo sistema será perfectible en el tiempo pero sin duda representará un avance para tener un país con mejor impartición de justicia. Estos son los cambios que México necesita. 

Esperemos que los encargados de su implementación y los ciudadanos los llevemos a buen puerto.