Una tarea dificilísima, pero de mucha importancia, fue depositada en las manos del Fiscal General Miguel Ángel Pech Cen, quien es la figura central en la deseada consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado, como consecuencia de la firma del Acuerdo de Adhesión de los tres poderes con este organismo de procuración de justicia.

Este acuerdo es un necesario paso para mejorar los procesos acusatorios y penales en el marco de la nueva reglamentación, con años de atraso en el estado por el desinterés de las autoridades de la pasada administración gubernamental.

La intención de esta acción es, por un lado, fortalecer a la Fiscalía y hacer más eficientes los procesos de procuración de justicia para atender el desbordante rezago de expedientes, y por otro abatir la desconfianza de los quintanarroenses hacia las instituciones de justicia garantizando procedimientos transparentes y apegados a los derechos humanos.

Y es justo en ese punto donde el asunto se complica, porque la Fiscalía arrastra una reputación ganada a pulso de ser un organismo que no respeta los derechos humanos, y es la dependencia que tiene el archivo más abultado de denuncias en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo).

La Policía Ministerial, que en teoría está dedicada a la investigación y detención de delincuentes del fuero común, principalmente, es la corporación que ostenta el récord de violaciones a los derechos de ciudadanos que tienen el infortunio de caer en sus garras, porque los golpes, la tortura, la intimidación y extorsión han sido sus herramientas favoritas para arrebatar confesiones y fabricar culpables.

Esta cultura corrupta de la falta de respeto a la dignidad humana es, en gran parte, la causa de los elevados índices de ineficiencia, pues los casos frecuentemente se caen debido a las irregularidades en la detención cometidas por los agentes de la Fiscalía, o por expedientes mal integrados.

Contra esa cultura arraigada hasta la médula en la Fiscalía tendrá que luchar su titular, Miguel Ángel Pech Cen, cuya labor estará siendo observada con lupa, sobre todo después de que el gobernador Carlos Joaquín González hiciera el compromiso público de que en su gobierno habrá un respeto irrestricto a la legalidad y a los derechos humanos, garantizando que se acabarán las prácticas de fabricación de “chivos expiatorios” para recuperar la confianza ciudadana.

¡Vaya paquete que tiene por delante Miguel Ángel Pech!