Vale la pena repetirla por si usted se perdió la nota principal de MILENIO ayer:

“Iguala, Guerrero.- La Procuraduría de Justicia estatal informó que tres ataques a balazos cometidos por policías preventivos de Iguala y civiles armados dejaron seis muertos, entre las víctimas hay tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, un futbolista de Tercera División, el chofer del autobús en que viajaba su equipo y un ama de casa.

En los hechos hubo por lo menos 17 heridos de bala, entre ellos el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Alfredo Ramírez García, quien recibió impactos en brazos y piernas”.
Sí, usted leyó bien. Policías matando civiles.

En unos años, en todo el país, la justicia penal será adversarial, acusatoria, oral. El trabajo de la policía en el nuevo sistema es uno de sus pilares fundamentales.

Su papel desde el primer momento —generalmente es la policía la primera autoridad en contacto con el delito—, la manera en que investigan, recaban y guardan evidencias, es la materia prima para la fiscalía.
Fiscales de algunos estados en los que ya opera el nuevo sistema comienzan a socializar sus historias de fracaso frente a los jueces por un pésimo trabajo policiaco.

Se han invertido muchos millones en capacitación, control de confianza, y las cosas no mejoran a la velocidad que se necesita.

El sábado, en Iguala, los policías fueron los asesinos. En varios estados es la Policía Federal, o la Marina o el Ejército quienes siguen cumpliendo tareas que corresponden a policías locales. Los gobernadores se la pasan rogando por acuerdos voluntarios de “mando único”, tan frágiles como el poder de los munícipes que los firman.

Hay policías en el país que siguen ganando 4 mil pesos al mes y trabajando turnos de 18 horas. Cuando sepamos qué pasó en Tlatlaya el 30 de junio, no estaría mal recordar que el Ejército estaba ahí porque, simplemente, en esa región del Estado de México, para efectos prácticos, no hay policía.

El modelo policiaco del país está roto. Y por más coordinación y reuniones y controles de confianza, no hay manera.
Hasta que no se modifique, desde la Constitución, el diseño estructural de la seguridad pública del país, eventos como el de Iguala se repetirán una y otra y otra vez.