Leí el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”. 

Es un reporte preciso, exhaustivo, deprimente. 

Se trata de Guerrero pero uno sabe, mientras lo lee, que podría referirse a un puñado o dos de estados del país.

Es la crónica de la ausencia de Estado. En medio del reporte aparece una tabla: 

Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes

Países de la ONU    6.9
México        18.8 
Guerrero        57.2 
46 municipios con grupos comunitarios        76.9

Ante el informe, el gobierno de Guerrero ha respondido que los grupos —y los recursos que a ellos se les destinan— están amparados por la ley estatal, pero la CNDH es clara: 

“Respecto de esta ley estatal, resulta preocupante advertir la aceptación legal de que existirán regiones, delegaciones o comunidades en las cuales el estado, por condiciones “económicas, sociales o culturales”, no prestará el servicio de seguridad pública. Este Organismo Nacional encuentra bastante cuestionable que estas razones económicas, sociales o culturales se constituyan como espacios de exclusión “legales”, en donde la autoridad estatal puede excusarse de su intervención y dejar en manos de los miembros de la sociedad su propia protección.

“Son justamente las circunstancias adversas que se han reseñado las causantes de que pobladores de 46 de los 81 municipios de Guerrero se hayan organizado para tratar de frenar la creciente victimización que han sufrido en sus comunidades por parte de la delincuencia, llevándolos a realizar en los hechos funciones que de Derecho corresponden a las autoridades; esa realidad apremiante explica, mas no justifica constitucionalmente, el fenómeno de las agrupaciones para cumplir tareas de seguridad pública.

En otras palabras, estos grupos han surgido ante una falla estructural del gobierno del estado de Guerrero en el cumplimiento de una de sus funciones esenciales, que es indispensable que vuelva a ejercer plenamente, pues es indelegable a cualquier grupo o comunidad”.

Por cierto, en los últimos cinco años la federación le ha enviado a Guerrero para que lo gaste en seguridad mil 977 millones de pesos. 

No está claro en qué se han gastado o para qué han servido.