Quién iba a imaginar que Alexandra Zapata, coordinadora del estudio “Mapa del Magisterio de Educación Básica en México” perteneciente al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), desataría una gran controversia al hacer públicos los datos oficiales obtenidos del portal electrónico www.sep.gob.mx en donde aparecen serias irregularidades sobre las nóminas del magisterio de algunos estados de la república.

La inconsistencia de la información evidencia el desorden que impera en las secretarías de educación de algunos estados, entre los que destacan Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, ya que las cifras exhibidas públicamente corresponden a la información que cada una de esas entidades envía a la Secretaría de Educación Pública para ser consultada por cualquier ciudadano o institución a manera de rendición de cuentas y transparencia del gasto público.

La bomba reventó cuando se hizo público el nombre de Adolfo Ramírez Zenteno, maestro de la sección 22 de Oaxaca, que había recibido un pago total de un millón 809 mil 208 pesos en un trimestre (sueldo superior a lo que recibe el presidente Peña Nieto), ante lo cual Hugo Espinoza, director de relaciones laborales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, reconoció públicamente el pago, pero aclaró que el monto corresponde al sueldo que se le había retenido durante más de un año al citado maestro.

Con el polvorín encendido, la chispa brincó al estado de Hidalgo con la aparición de mil 440 “Lupitos”, lo que rápidamente el gobernador José Francisco Olvera dijo que se trata de la clave 12-12-12 del descuento que se hace a los maestros por el pago de pensiones alimenticias a sus hijos. Así también Veracruz se metió a la polémica, ya que tiene a 26 de los 70 maestros que supuestamente ganan más de 200 mil pesos mensuales.

Quienes trabajamos en el magisterio sabemos bien que la denuncia puede ser fantasiosa, ya que por años nos hemos acostumbrado a la falsedad de los datos que se manejan, una cosa se publica y otra es nuestra realidad. Publicar datos imprecisos o falsos sólo da pie a malas interpretaciones, sin embargo es responsabilidad de las autoridades educativas manejar con seriedad sus informes.

Ahora toca el turno a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revisará el caso y la nómina de los maestros para aclarar las diferencias de las partes.