No me queda duda: el próximo domingo veremos en realidad qué tanto quiere cambiar este gobierno al país. La propuesta de ajustes que integra la reforma hacendaria determinará el futuro México, así de simple. Hay muchas razones para no llegar al fondo del tema: el aumento de los precios del petróleo que representa más ingreso al gobierno por un lado y, por el otro, el menor crecimiento y la inflación que causará subir el IVA, por ejemplo.

El gobierno tiene claro que no hay que ver solo el corto plazo, por positivo o malo que sea. Se debe tener visión de Estado para el mediano y largo plazos. Si para lograrlo se tiene que proponer el IVA para alimentos y medicinas, hay que hacerlo; si se tiene que eliminar la consolidación fiscal, hay que convencer a los empresarios afectados; si ya dejaremos de ser un país petrolizado, hay que explicar sus ventajas.

Nada será fácil, ni si el Banco de México de Agustín Cartens decide mantener hoy las tasas de interés o las baja, aunque esto signifique que dejen el país más capitales golondrinos. Necesitamos cambiar y hay que asumir los costos.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en su primer Informe de labores entregado a la Cámara de Diputados dijo que las directrices de la famosa reforma incluyen fortalecer la “capacidad financiera del Estado mediante la eliminación de privilegios fiscales, en particular el régimen de consolidación fiscal (aplicar pérdidas de una subsidiaria con otra que presenta ganancias)”, y revisar toda la “política de subsidios y de los regímenes especiales”.

El objetivo de esta reforma es que sea eficiente y equitativa, sea palanca de desarrollo. El domingo sabremos.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, me asegura que si se elimina la consolidación fiscal, defenderán sus bondades en el Congreso sin apoyar abusos, y espera que las modificaciones promuevan crecimiento, inversión y empleo, aumente la base de contribuyentes e incluya transparencia y rendición de cuentas, además de combatir la informalidad.

Cuarto de junto

La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Sedesol, a cargo de María Antonieta Villarreal Sánchez Villela, debe explicar las presuntas irregularidades detectadas en la asignación de dos contratos por arrendamiento de equipo de cómputo e impresoras. Se asignaron de manera directa y representan 350 millones de pesos; los equipos suministrados por los proveedores son de segunda mano y éstos no los instalaron, lo hicieron los trabajadores.