Aprobada que fue la reforma constitucional en materia energética, el verdadero debate debe consistir en el cómo, sobre qué bases y con qué garantías podrá darse la participación del capital extranjero, apegado a la Ley Suprema.

Nuestros legisladores deberán tomar en cuenta durante los próximos días, entre otros hechos, los siguientes:

1. Que antes y después de la expropiación petrolera de 1938 hasta nuestros días, los capitales privados han estado presentes en el ámbito energético mexicano.
2. Que en todas partes del mundo, con variantes, así ha sido y continúa siendo.
3. Que el presidente Lázaro Cárdenas, hace 76 años, hizo todo lo que pudo para evitar la expropiación petrolera.

Basta leer su decreto del 18 de marzo de 1938, su mensaje de esa noche a la Nación y su carta al presidente Roosevelt el año siguiente, para comprobar que expulsó a las compañías por rebeldes y abusivas, no por tratarse de capitales privados ni por pertenecer a extranjeros.

Consta en esos documentos que el Ejecutivo sometió a las concesionarias rebeldes y decidió en función de la guerra, con lealtad hacia las naciones “con tendencias democráticas”.

Los innumerables documentos oficiales con los que se cuenta impiden que de buena fe se pueda decir que la expulsión de los capitales se debió a que eran privados o extranjeros.

Ahora bien, ¿qué es lo que procede una vez que el Ejecutivo federal envió al Congreso las iniciativas de leyes secundarias? Que los senadores y diputados actúen con responsabilidad; que, antes de votar,  conozcan lo mejor posible las experiencias de México y el mundo en la materia. Ojalá puedan estudiar, entre otras obras, La verdad del petróleo en México, escrita por el ex presidente Miguel Alemán Valdés, importante protagonista en aquellos hechos.

Debe darse un debate honesto, sereno, informado y sin tintes electoreros, para lograr buenas leyes secundarias que garanticen al menos:

1. Que de verdad se respete y proteja a la Naturaleza, y se preserve la soberanía nacional;
2. Que se explotarán racionalmente los recursos no renovables;
3. Que se evitará el saqueo a la Nación;
4. Que se aplicarán los recursos obtenidos para bien de ésta y las próximas generaciones;
5. Que se respetarán la propiedad y demás derechos de los campesinos; derechos que son anteriores y superiores a los que la ley otorgue a los inversionistas;
6. Que existirá un vehículo financiero para la inversión de los mexicanos, sin distinción, en los negocios energéticos. Que donde ganarán los pocos, puedan ganar los muchos;
7. Que las controversias que se presenten sean resueltas en México conforme a nuestras leyes;
8. Que de verdad se fortalezca a Pemex y a la CFE, y que sus cargas fiscales y laborales no les impidan competir;
9. Que Hacienda efectivamente saque las manos de esas empresas;
10. Que a través de las leyes y de los actos de autoridad se ataque eficazmente la corrupción que ha venido prevaleciendo en el sector energético… como en tantos otros.

Tal vez con eso, sería suficiente.