Cada vez que se renueva la directiva de alguna organización uno espera nuevas maneras de ver las cosas para que, en el despliegue de sus actividades, además de sus asociados, pueda resultar beneficiada la sociedad en general. Sin embargo, desde hace tiempo las agrupaciones empresariales se han caracterizado por mantener un férreo control de los procesos sucesorios para que sus dirigentes mantengan comportamientos y posturas que corresponden, más que a organizaciones sociales, a grupos de presión.

Lo cual consiguen mediante procesos electivos que, desde el punto de vista de la democracia, dejan mucho que desear, pues derivan en  “elecciones” con un solo candidato, donde se privilegia el voto indirecto, pues, incongruentes como son, resultan incapaces  de cumplir con la exigencia que querían imponer a los sindicatos en la reforma laboral: el voto directo y secreto, como único método electivo.

A pesar de ello, las declaraciones del flamante presidente local de la Coparmex, Nicolás Madáhuar Bohem, dejan el aroma de oportunidad perdida, pues sigue al pie de la letra el script de su antecesor Jorge Caamal Burgos, con un discurso amenazador y de confrontación con las autoridades de  gobierno y con el Congreso del Estado, ellas sí, elegidas democráticamente.

Porque, por mucha importancia que le otorgue a su organización, ni  representa legítimamente a toda la sociedad, que no lo ha elegido para hablar en su nombre, ni tiene facultades para erigirse en tribunal sumario para dictaminar sobre el cumplimiento administrativo de las autoridades, actuales o pasadas, como sí las tiene el Congreso.  
        
Y si verdaderamente tiene intenciones de colaborar con las autoridades “de los tres niveles”, es preciso que abandone su actitud atrabiliaria y chantajista  que se jacta de amenazar a la sociedad con el desastre si no cumplen con sus peticiones.

Porque hoy día lo que menos se requiere son empresarios que, incapaces de asumir los riesgos propios de los emprendedores, sólo puedan lucrar  con la  especulación financiera y la sobreprotección y el subsidio del gobierno.

Es el momento de que los inversionistas cumplan con su función social de generar empleos. Si no la asumen, los empresarios locales serán desplazados, más temprano que tarde, por el capital nacional e incluso internacional, aunque resulte paradójico que vengan de otras latitudes para aprovechar el clima de seguridad y las condiciones laborales favorables de nuestro Estado.

Lo que menos necesitamos el día de hoy son empresarios que le exigen cuentas al gobierno, pero que insistan en regatear las prestaciones de los trabajadores, como el reparto de utilidades, y persistan en su vieja costumbre de evadir, o eludir, el pago de sus impuestos.