Una de las ventajas del Pacto por México es que, a diferencia de otros sexenios, cuando teníamos que esperar al menos un año a que se elaborara el plan sexenal y pasara por filtros formales antes de ser publicado, desde los primeros días de este gobierno tenemos a la mano una ruta de gobierno con plazos concretos de ejecución e implementación.

Los abajofirmantes tendrán que rendir cuentas sobre cada uno de estos puntos en las fechas anunciadas, y uno espera que los ciudadanos, y luego esos ciudadanos convertidos en votantes, lo tomen en cuenta a la hora de las urnas.

Creo que ya hay que terminar las excesivas celebraciones por la existencia del pacto, es hora de comenzar a discutir los contenidos del mismo. Su carácter y su conveniencia.

El mismo pacto establece que la casi la mitad de sus propósitos son alcanzables solo con una reforma hacendaria y, a decir del secretario de Hacienda, deberá ser una de gran calado que haga pagar a los que más tienen, simplifique y provea al Estado de los recursos necesarios.

Redistribución de riqueza

Videgaray no ha aflojado en el tono ni en el lenguaje con respecto a la reforma, la cual, insiste, debe ser un instrumento de redistribución de la riqueza.

Dijo esta semana: “La sociedad mexicana está partida en dos: aquellos que tienen una perspectiva de retiro con una pensión y acceso a la salud pública y aquellos que no lo tienen. La reforma a la seguridad social universal es una reforma democratizadora de las oportunidades económicas”.

“Pero para hacer todo esto, necesitamos una reforma fiscal que le dé al Estado mexicano en su conjunto —no solo al gobierno federal, sino también a estados y municipios— la capacidad financiera de cumplir con sus obligaciones para generar salud, educación, infraestructura. Es decir, esta economía democratizadora de la productividad”.

Leí las palabras de Videgaray en Monterrey, donde las últimas semanas se ha reiterado lo difícil y el tamaño de enemigos que engendra cualquier cambio a nuestro obsoleto sistema fiscal.

Aquí, el gobernador de Nuevo León emprendió una minirreforma hacendaria. Ni eso, quiso aumentar un impuesto. El Impuesto Sobre Nómina (ISN), de 2 a 3 por ciento.

Rodrigo Medina hizo este anuncio después de 18 meses de intenso deterioro de la seguridad pública del Estado y de un último trimestre del 2012 con mejores indicadores. Ese 1 por ciento extra en el ISN sería, dijo, para pagar la Fuerza Civil, como se llama la nueva policía estatal. Medina ha sido un entusiasta del mando único local y con no pocos obstáculos ha comenzado a construir esta nueva fuerza policiaca con con diferentes condiciones laborales y de capacitación. Para eso quería el dinero.

Ofreció a los ciudadanos y a los empresarios que ellos propusieran mecanismos para transparentar y supervisar que ese dinero se fuera íntegro a la nueva policía. Llenó el aumento de excepciones: no se aplicaría para primeros empleos en los primeros cuatro años, ni al emplear adultos mayores y discapacitados. Medina anunció un programa de austeridad que quitó celulares y autos a muchos funcionarios y bajó el sueldo a los servidores públicos de altos niveles.

Llegaron noticias de la disputa a oídos de Luis Videgaray, que hizo lo necesario para que las primeras planas de los diarios locales trajeran clara su opinión: que le gustaba el nuevo impuesto y que apoyaba al gobernador, aún en contra de los empresarios.

No hubo manera

La Cámara de Industriales (Caintra) de Nuevo León declaró la guerra al aumento. Amenazó con llevarse sus nominas —y sus chambas— a otros estados; acusó al gobernador y a los diputados que votaron su propuesta de “lastimar a la población mediante la pérdida de empleos, incremento en costos, pérdida de competitividad, aumento de la economía informal, entre otros”, según una carta que enviaron a los legisladores esta semana. A los panistas, que aprovecharon la oportunidad política y votaron contra el impuesto, les mandaron cartas de agradecimiento.

Han prometido ampararse contra el aumento aprobado horas antes de la Noche Buena.

Déjeme resumir: los mismos empresarios de Nuevo León que llevan años exigiendo que se mejoren las condiciones de seguridad en el estado, cuando se les pide que colaboren con el esfuerzo en forma de un pequeño impuesto, se desgarran las vestiduras e intentarán, vía el amparo, que no se haga realidad.

El enfrentamiento no ha sido teatro. El ISN ha tensado más la relación entre el gobernador y los empresarios que los primeros meses de inseguridad y violencia descontrolada.

Ese será el tono, a la octava potencia en magnitud, de la batalla que librará Videgaray en septiembre, con un añadido. La izquierda le negará el camino del IVA. Los empresarios cabildearán y ejercerán su capacidad de chantaje.

No habrá luna de miel que valga.

Twitter: @puigcarlos