Entre revoltosos y reventadores
Los reventadores del Pacto han logrado un primer objetivo: vincular las elecciones con el acuerdo para las reformas.
Revoltosos y reventadores, dos expresiones de lo mismo. Este lunes la Comisión Política del PAN definirá su postura sobre la permanencia en el Pacto, una oportunidad para los reventadores, a la vez que los revoltosos andan en lo suyo y con sus medios. La cuestión que importa es si el país habrá de cambiar o si seguirá por la misma ruta de la impunidad y de desencuentro entre gobierno y oposición.
Los reventadores del Pacto han logrado un primer objetivo: vincular las elecciones con el acuerdo para las reformas. Mucho de lo alcanzado en términos de confianza queda en entredicho. Al PAN no le importa la evidencia que pesa sobre sí mismo del uso de los programas sociales en Veracruz durante el gobierno pasado. En tanto que el PRD, al demandar la renuncia de Rosario Robles más bien parece cobrar factura a una ex correligionaria que atender a una genuina exigencia. Mientras los agitadores hacen su parte para sabotear, mediante la violencia, lo aprobado por la pluralidad.
Acabar con el acuerdo del gobierno con la pluralidad abre la puerta grande a las viejas prácticas en las elecciones, en el Congreso y en las decisiones de gobierno. No se trata solo de impedir el cambio. En sus efectos significa el retroceso.
Los reventadores en todas las fuerzas políticas están. También en la sociedad. La profundidad de las reformas y su estricta aplicación requieren del acuerdo plural. Se entiende que profesores mediocres se vean amenazados con la evaluación y la promoción por concurso, pero es inexplicable que la oposición pretenda minar lo que le ha dado relieve y que entraña una contención para quien detenta el poder.
Regresar al entendimiento y a la legalidad no es tanto de separaciones forzadas, sino de compromisos, con la certeza de que cada cual habrá de hacer su tarea para mejorar las elecciones. El gobierno federal, en voz del Presidente, así lo ha comprometido. Será tarea urgente definir un nuevo código de imparcialidad de todas las autoridades, de legalidad de la protesta social y de urbanidad política de partidos y candidatos.