Es innegable que la seguridad es el talón de Aquiles del país. Cada día dan muestra de esto las policías federales, estatales y municipales, que a su incapacidad para cumplir su labor de proteger a la ciudadanía suman corrupción e impunidad.

El pasado 2 de octubre, vimos a uniformados a la defensiva, acorralados por vándalos autodenominados anarquistas, que tomaron las principales calles de  la ciudad de México, y días después nos enteramos de la detención de media docena de policías federales que integraban una banda de secuestradores que operaba en Acapulco. 

La actuación de malos elementos opaca las acciones de otros que, como los de Tepatitlán, Jalisco, perdieron la vida combatiendo a delincuentes más de dos horas, y otros que cotidianamente se juegan la vida. 

No hay más, enfrentar al crimen requiere aquí y ahora de la participación de las Fuerzas Armadas, participación que está prevista en la ley, pues una de sus misiones es garantizar la seguridad interior de la nación.

El Gobierno sabe que no hay otro camino, por eso ha reforzado con presencia militar los estados más conflictivos como Michoacán y Tamaulipas, donde grupos criminales y las llamadas policías comunitarias afectan la vida de varias poblaciones.

Naturalmente que los cuerpos profesionalmente especializados para la prevención y el manejo de la seguridad interna son las policías, pero nos preguntamos, ¿cómo combatir a la delincuencia organizada si no pueden ni siquiera garantizar seguridad a la ciudadanía?,  ¿cómo confiar en ellos si quienes deben protegernos se vuelven nuestros enemigos? 

Por cierto, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está de acuerdo con esa postura, pues su presidente, Diego García Sayán, afirmó esta semana que “no es ilegítimo que en determinadas circunstancias un gobierno tenga que hacer uso del Ejército en las calles para mantener la seguridad”.

¿Así o más claro?