Ex alcaldes en la mira

Desde elpasado martes los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Asuntos municipales del Congreso local arrancaron con la revisión...

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Desde elpasado martes los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Asuntos municipales del Congreso local arrancaron con la revisión de las cuentas públicas ejercidas en los 10 municipios del estado en el año 2012, donde las irregularidades detectadas pueden meter en serios aprietos a algunos ex alcaldes que dejaron sus finanzas hechas un desastre.

De hecho la mala costumbre dicta que en su último año de gestión los alcaldes arrasan con todo lo que pueden a su paso, por lo que seguramente en los 10 municipios se detectaron manejos turbios e irregularidades, sin embargo aunque se supone que todos son iguales y deben recibir el mismo trato, hay unos ex alcaldes más “iguales” que otros.

Por lo pronto son tres los que están en la mira de los diputados miembros de la Comisión de Hacienda, quienes por cierto, pertenecen todos al PRI.Y es que aunque Marcia Fernández Piña y Remberto Estrada Barba son del Partido Verde, sirven al mismo propósito y juegan en el mismo equipo del Tricolor. Los otros integrantes son José Luis “Chanito” Toledo, Pedro Flota Alcocer y ArletMólgoraGlover.

Los ediles que están en el patíbulo a la espera de que se les dicte sentencia son el ex alcalde capitalino, Carlos Mario Villanueva Tenorio (PRI); la ex alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles (PAN) y el ex alcalde de Cancún, Julián Ricalde Magaña (PRD).

Cabe destacar que la panista Trinidad García actualmente es diputada local por la vía plurinominal, por lo que está en mejor posición de defenderse y negociar políticamente para salir bien librada de la revisión a su cuenta pública.

En el caso del chetumaleño Carlos Mario Villanueva, hijo del mítico ex mandatario Mario Villanueva Madrid, la situación es mucho más difícil, ya que al parecer existen los elementos suficientes para proceder en su contra debido a la pésima administración de recursos a su paso por el Ayuntamiento y los comprobados malos manejos financieros de él y sus colaboradores.

No es un secreto que Carlos Mario dejó al municipio de Othón P. Blanco en números rojos y con un cúmulo de deudas que siguen afectando hasta la fecha la operatividad de los servicios y la obra pública en la capital.

Lo único que juega a favor del ex alcalde capitalino es la fuerza del apellido Villanueva, que aunque su peso político ha disminuido mucho –en gran parte gracias a él mismo- todavía puede influir para rescatar al menor de la dinastía.

Por su parte Julián Ricalde Magaña es quien tiene las peores posibilidades. Sin más amigos en el Congreso local que su alfil, Jorge Aguilar Osorio, el destino del perredista pende de un hilo y los diputados priistas pueden aprovechar sus malas cuentas para aniquilar sus aspiraciones de competir por una diputación federal en 2015.

Bacalar, endeudado

A poco más de un año de que Francisco Flota Medrano, ex presidente del Concejo ciudadano que gobernó a Bacalar en su primera etapa como municipio, presumiera ante propios y extraños que estaba dejando su administración sin deuda alguna, una bomba explotó en el cabildo la semana pasada cuando el alcalde José Alfredo Contreras Méndez, pidió el ajuste en la ley de egresos para poder pagar un adeudo de más de ocho millones de pesos.

Resulta que la gestión de Flota Medrano no fue tan eficiente como se presumió en su momento, pues heredó una deuda de ocho millones 600 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por concepto de alumbrado público y otros, que no pagó durante los más de dos años que estuvo al frente de municipio.

Por supuesto que el nuevo presidente municipal, José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez, tuvo conocimiento de este asunto con mucha anticipación, pero por desidia o por decisión propia prefirió tapar el yerro de su antecesor y no sacarlo a la luz pública.

Las repercusiones para el municipio de Bacalar son graves, ya que tendrán que recortar inversión en áreas primordiales para atender este compromiso. De hecho, la decisión del alcalde avalada por el Cabildo fue la de pagar 261 mil pesos mensuales por lo que resta del trienio, y aun así no alcanzarán a cubrir el monto total de la deuda.

Para colmo, el dinero para pagar lo piensan sacar de recursos del Fortamun que ya tenían destinados para fortalecer la Seguridad Pública en el municipio, que es una de las principales exigencias de sus habitantes. Otra parte la restarán de la inversión programada para obra pública.

La reestructuración de la ley de egresos deja muy mal parado al alcalde José Alfredo Contreras Méndez, quien de antemano ya dio muestras de que no piensa proceder de ninguna manera contra su antecesor, Francisco Flota Medrano.

Por su parte los regidores de diferentes fuerzas políticas manifestaron su molestia por tener que recortar gastos en áreas primordiales, pero aprobaron por unanimidad la reestructuración porque de alguna manera se tenía que solventar el compromiso adquirido por la administración anterior.

Mientras tanto los ciudadanos tendrán que conformarse, porque no tienen de otra. La promesa de combatir la inseguridad en el municipio fortaleciendo la corporación policiaca quedará como un pendiente para el próximo presidente municipal.

Por otro lado y de acuerdo al plan de pagos, un tercio de la deuda no será solventada en el tiempo que le queda a “Chepe” en el Ayuntamiento, por lo que estaríamos hablando de que sin importar que tan bien maneje sus recursos en el año y meses que le restan, pasará a la historia como el primer presidente municipal de Bacalar que dejará deuda formal.

Explotación laboral, práctica común

Un conflicto laboral entre algunos trabajadores del Corporativo Marlon y el dueño de la empresa, Jesús MarrufoPuc, ha desatado el debate acerca de las condiciones de trabajo que enfrentan muchas veces los empleados de empresas privadas que, de una manera u otra, contorsionan la ley para beneficiarse.

Y es que los trabajadores de esta conocida cadena de abarrotes en la capital denunciaron que el patrón y los gerentes de las tiendas tienen malos tratos hacia los empleados, a los que amenazan con correrlos a la menor provocación.

De hecho, según uno de sus trabajadores despedidos, Carlos Enrique Góngora Ramírez, más de 90 empleados del corporativo Marlon han sido echados a la calle sin recibir una liquidación justa, y si alguien se atreve a exigir sus derechos los acusan de robo para hacerlos desistir.

En estas condiciones se encuentran unos 350 trabajadores de esta empresa, quienes aunque han querido organizarse para formar una agrupación o sindicato con la finalidad de defenderse del patrón, todos sus intentos han sido bloqueados y los trabajadores más decididos, fueron despedidos.

Lamentablemente este tipo de prácticas son comunes en las empresas privadas, que prefieren evitar los altos pagos de liquidación por despido que marca la ley. Por eso, exigen a los empleados que firmen una “renuncia voluntaria” que exime a la empresa de toda responsabilidad.

Por lo pronto en el Corporativo Marlon el conflicto apenas está empezando, y algunos trabajadores hablan de iniciar una huelga, a pesar de las presiones y amenazas del dueño de la empresa y los gerentes quienes ya les dijeron que los que participen, serán echados de patitas en la calle.

Ante tales hechos, algunos trabajadores ya se acercaron a la Secretaría del Trabajo para informar de la situación y asesorarse, para que sus derechos sean respetados. Es lo justo.

Cruzan los dedos en Santa Elena

Después de meses de reclamos y protestas por parte de los habitantes de la comunidad fronteriza de Subteniente López, mejor conocida como “Santa Elena”, que pedían a gritos la reapertura del antiguo puente que conectaba a México con Belize, parece ser que su petición podría convertirse en realidad.

Y es que tras la inauguración del nuevo puente “Chactemal”, el antiguo puente de Santa Elena fue cerrado por las autoridades migratorias, afectando seriamente la economía de la comunidad fronteriza que subsistía de la derrama que dejaban los visitantes a la zona libre de Belize.

Tras la clausura del viejo puente, los comerciantes locales, los hoteleros y posaderos y hasta los ambulantes, resintieron el cambio pues sus ganancias se desplomaron debido a la baja afluencia de visitantes que pasaban por el pueblo, así que se organizaron para realizar manifestaciones públicas pidiendo la reapertura del paso fronterizo, para evitar que Subteniente López se convirtiera en un pueblo fantasma.

La petición había sido rechazada hasta el momento, bajo el argumento de que no había personal de Aduanas suficiente para atender las dos garitas: la del puente de Santa Elena y la del nuevo puente “Chactemal”. Sin embargo en un giro que puede beneficiar a los visitantes, el cierre de las garitas aduanales internas decretado por el presidente Enrique Peña Nieto dejó a mucho personal disponible, por lo que la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo está cabildeando con las autoridades federales de Aduana y Migración para considerar la reapertura del puente.

Hasta el momento, el puente de Santa Elena está abierto parcialmente por 12 horas, y solo permite la entrada de vehículos de México hacia el país de Belize; la salida obligada es por el nuevo puente.

Ahora se pretende negociar para que el puente se reabra las 24 horas y en ambos sentidos, tal como lo piden los pobladores de Santa Elena. Nada está dicho aún, pero las negociaciones van caminando y en el transcurso de la próxima semana se tomará la decisión final.

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