Se habla del bullying y alguna gente, en vez de tomarlo meramente como lo que es —un acto de crueldad perpetrado por niños o adolescentes que se apandillan para maltratar al débil— comienza a pregonar que ese salvajismo lo consuman también los ricos contra los pobres, los poderosos contra los humildes, el patrón contra el trabajador, en fin, y resulta entonces que la barbarie de algunos individuos de la especie se asimila a una suerte de gran fenómeno de masas, algo así como la lucha de clases, y que, al final, los culpables son los mismos de siempre, a saber, esos acaudalados que, en plena connivencia con los jefazos del poder político, sojuzgan y explotan al pueblo bueno.

O sea, que ya no es un tema del ámbito escolar, o de las calles del barrio, sino otra manifestación, una más, de la injusticia social y la desigualdad que se han vivido en este país desde aquellos tiempos remotos en que el conquistador profanó con su planta el suelo azteca. 

Por cierto, lo otro —el asunto de la opresión de unas naciones indígenas por las demás, la esclavitud, la aterradora violencia o las exorbitantes potestades del tlatoani de turno— no se toca. 

Los pobladores originales de México eran, por lo que parece, una raza de inocentones irresponsables que no sabían lo que hacían (y que vivían en tan despreocupada armonía con su entorno natural que, por ahí, los mayas se cargaron la vegetación de la península de Yucatán pero, bueno, ésta es otra cuestión).

Varias veces he tocado la materia de ese victimismo, auténtica plaga nacional, que se expresa en constantes jeremiadas teñidas de un rencor oscuro y contumaz. 

A los escribidores, en este sentido, nos hostiga una legión de quejosos que nos reconvienen constantemente por no ejercer la denuncia o por no reflejar la intrínseca nobleza de los movimientos sociales. 

Pareciera que ciertos temas son absolutamente obligatorios y que los otros, aquellos por no se abordan con la debida cólera para representar en toda su dimensión nuestra aciaga realidad, no merecen la pena y no deberían siquiera ser abordados.

Bien pobre que sería la materia si el periodismo de opinión fuera exclusivamente panfletario y militante. 

Para mayores señas, ahí tiene ustedes a la prensa oficial, obsequiosa y sumisa, de los regímenes totalitarios. Pero, la cosa no para ahí. Porque, de este deseo de tanta gente de que la palabra escrita evidencie exclusivamente sus gustos particulares o sus preferencias políticas, surge una confusión que va impregnando de manera creciente, y alarmante, el ámbito de las ideas. 

El bullying, con perdón, no tiene nada que ver con la explotación del hombre por el hombre aunque la falta de misericordia se manifieste tanto en ese universo laboral que tan descarnadamente describió Charles Dickens como en el suicidio de un pobre chico acosado por sus feroces compañeros.

Y, ya entrados en gastos, permítanme ustedes consignar otra exasperante revoltura de conceptos: vivimos, es cierto, en una tierra asolada por burócratas mequetrefes, politicastros estafadores y policías abusivos. 

Y, en tiempos más o menos recientes, y con la idea de volvernos menos impresentables como nación, nos hemos hecho de algunas instituciones que pretenden proporcionar auxilio a los indefensos ciudadanos. 

Pero, por favor, así como lo laboral o lo social se circunscriben a ámbitos bien precisos, de la misma manera los “derechos humanos” se refieren a algo muy concreto que, por más que en ciertas circunstancias se vea afectada también la soberanía de algunos individuos, no tiene que ver con lo estrictamente criminal, lo penal o lo procesal.

Dicho en otras palabras, cuando la fiscalía investiga la escena de un asesinato o los sedimentos de un incendio, la famosa Comisión Nacional de Derechos Humanos —o las correspondientes delegaciones estatales o municipales— no tiene por qué inmiscuirse ni meter sus narices. 

De nuevo, una cosa es la criminalística —con todos sus procesos indagatorios y sus investigaciones— y otra muy diferente es la tarea de defender a un ciudadano enfrentado a los abusos del poder o, ahí sí, a la iniquidad de una reglamentación injusta y discriminatoria. 

Pero, ¿qué pasa? Pues que los comisionados y los secretarios de las tales Comisiones ahora van de Ministerio Público, tan panchos, en plan fiscal de distrito, a determinar si al tipo que lo mataron en una reyerta entre vecinos del condominio le pisotearon, faltaría más, sus “derechos humanos”. No me jodan…