Desde que estalló el escándalo de la casa de los Peña, construida por un proveedor del gobierno del Estado de México y del gobierno federal, el Presidente y su equipo se la han pasado dando explicaciones.

Primero aquel boletín, después Eduardo Sánchez con Carlos Loret de Mola; de regreso del viaje, el Presidente en el hangar con la frase “aseveraciones imprecisas y carentes de sustento”; un par de días después el video nocturno de Angélica Rivera, el anuncio de la venta de la casa, la publicación de los contratos y una declaración de impuestos; al día siguiente el vocero en una larga conversación con Carmen Aristegui, y ese mismos día el Presidente haciendo públicos los datos de su declaración presidencial.

Tenemos pues, a la vista, documentos, narrativas, historias, defensas del honor, algún reclamo, una casa en venta… ¿Por qué entonces el asunto no se acaba?

Creo que la razón es muy simple: explicar no es rendir cuentas.

Frente al señalamiento no es suficiente el acto voluntario de un individuo. Menos si se trata del presidente de la República.

En sus apariciones con Loret y Aristegui, sobre todo en la segunda, Eduardo Sánchez ha respondido con sus argumentos y razones a la pregunta central de este embrollo que tiene que ver con el conflicto de interés, es decir: si existieron condiciones fuera de mercado, ventajosas, tanto en la venta de la casa a la señora Rivera como en la asignación de contratos gubernamentales —del Estado de México y la Federación— para la empresa que construyó la casa.

Eduardo Sánchez, que es abogado, citó leyes, fechas, valuaciones, dio algunas cifras de asignaciones a Grupo Higa, porcentajes de esas asignaciones dentro del presupuesto federal, etcétera. El problema es que como su puesto lo indica, él es vocero de la Presidencia y, por lo mismo, en este caso su dicho será siempre sospechoso, aunque sea verdadero.

Es por eso, por ejemplo, que la anunciada venta de la casa parece una penitencia sin pecado.

Si el Presidente no quiere que este asunto lo persiga los próximos cuatro años, debería nombrar un fiscal especial que sea quien con todos los documentos, todas las explicaciones y todas las leyes dilucide y responda la pregunta sobre conflicto de interés. Esa es la manera institucional de rendir cuentas. Que no es lo mismo que dar explicaciones. 

Escribía con razón Liébano Sáenz el sábado: ya no es tiempo de esfuerzo mediático de control de daños. Ese tiempo ya pasó.