El grupo de senadores asociado al ex presidente Felipe Calderón, encabezado por Ernesto Cordero, ha presentado conjuntamente con los del PRD una iniciativa de reforma política. Siempre será bueno que los legisladores propongan. Lo que llama la atención es la convergencia del calderonismo con el perredismo.

La iniciativa contiene temas inobjetables como mejorar la fiscalización durante el proceso electoral. Por lo demás integra aspectos muy discutibles y de imposible aprobación, salvo que el PRI haya decidido suicidarse. Otros son inaceptables, como el hecho de despojar a los ciudadanos del derecho de definir con su voto quien gobierna. 

De cualquier manera, la propuesta adquiere relieve no solo por su contenido, sino por el aval del panismo calderonista al PRD. Extraña que el PRD haya accedido al propósito calderonista de reventar al Pacto.

El eje de la iniciativa es disminuir el sistema presidencial y trasladar el poder al Congreso. En sus efectos es hacer del Presidente de la República una figura decorativa y que sean los legisladores quienes decidan quiénes habrán de conducir al gobierno. 

Cuando el PRI era oposición hizo propuesta semejante, ahora que el PAN pasa a tal condición se arropa con la misma idea; queda claro que las reformas políticas se diseñan a la medida de los partidos y sus pretensiones, no de la sociedad, las cosas son buenas o malas dependiendo del lugar donde se está. 

El PRD es el que más la promueve sin advertir que es la fuerza política con menor presencia legislativa. Bajo la lógica propia del parlamento y del alineamiento ideológico, su posición en la construcción del gobierno sería marginal, como ahora queda evidente en la discusión sobre la reforma energética.

La PGR con Felipe Calderón tuvo el peor desempeño conocido, quizá por ello el calderonismo busca que el Presidente ya no designe procurador y que la PGR sea un poder autónomo. También Calderón se pronunció por la segunda vuelta en la elección presidencial.

La verdad es que el único caso de legitimidad discutible ha sido la de él, ganó con un poco más de la tercera parte de los votos, aunque lo impugnable no fueron los porcentajes, sino el proceso electoral mismo. Calderón no propuso la segunda vuelta cuando tomó el poder, sino cuando estaba promoviendo el acuerdo con el PRD y la eventual candidatura presidencial de Marcelo Ebrard para derrotar a Enrique Peña Nieto. 

Aunque el PAN y el PRD son opuestos al momento de la política pública, gracias al calderonismo se hermanan en las elecciones. En ocasiones la alianza PAN y PRD es irrefutable para lograr la alternancia, como ocurrió en Oaxaca, Puebla y Sinaloa (aunque encumbraron a priistas en origen y esencia), en otras discutible como Baja California, donde el PRD fue factor para que el partido en el poder continuara por 30 años.

La segunda vuelta es una reforma contra el PRI; es entendible que sus opositores quieran modificar las reglas en función de sus intereses, pero es imposible que el PRI la deje pasar, menos en los términos planteados, sin umbrales ni condicionantes. Una diferencia sustantiva entre primero y segundo obligaría a una segunda elección si no hay mayoría absoluta, tema refutable bajo cualquier perspectiva.

El problema de la segunda vuelta es el riesgo de crisis constitucional por la polarización implícita y la confrontación entre poderes, ya que puede haber un Presidente con una muy precaria presencia en el Congreso. Si la solución es el gobierno de coalición, lo natural sería un régimen parlamentario, para que los ciudadanos al momento de votar conozcan quién va a dirigir al gobierno y no que esto resulte de las negociaciones de los partidos con posterioridad a la elección, como si el gobierno fuera botín de guerra a repartir.

Subsiste el encanto por la reelección consecutiva. Insisten en la mentira de que así legisladores y ayuntamientos mejorarán y los ciudadanos con su voto premiarán y castigarán a funcionarios y representantes. La realidad es que con la reelección termina la equidad. Si hay queja sobre la parcialidad de autoridades municipales no se requiere mucho para concluir qué sucedería si los mismos alcaldes son quienes habrán de reelegirse. 

Lo mismo ocurre con los legisladores y para ello hay evidencia concluyente del país de donde se pretende importar el expediente: la abrumadora mayoría de los diputados y senadores se reelige en EU no por virtud, sino por el desproporcionado financiamiento —casi siempre proporcionado por los poderes fácticos— entre quien compite y el pretenso reelecto.

La reforma política del calderonismo y del PRD pasará al archivo de las muchas iniciativas sobre el cambio de régimen elaboradas con evidentes propósitos de grupo. Todo es digno de discusión, algunos aspectos rescatables, materia útil para una futura propuesta viable.