Los discursos modernizadores de la República llevan cuando menos 100 años.

Desde los lejanos días de Porfirio Diaz, pasando por varios sexenios que cumplieron con el ritual del discurso modernizador, la época claramente reformista de Carlos Salinas de Gortari, el periodo azul en el que hubo ligeros cambios y matices del discurso sobre la modernidad que está siempre a punto de llegar, pero que nunca termina de ser realidad. 
    
El andamiaje institucional construido en torno a la figura del presidente, que nuestro país soportó durante varias décadas del siglo pasado, sufrió algunos cambios durante el periodo de los dos sexenios panistas. Pero no se terminó la transición de las instituciones políticas. El sistema político mexicano del siglo pasado revivió en 2012. En la década pasada fue común escuchar que los gobernadores eran virreyes, señores feudales de sus terruños. Por omisión del gobierno federal, por conveniencia mutua, por intereses creados en torno a algún líder sindical o por las razones que sean, los gobernadores acumularon más poder  en el periodo 2000- 2012 del que tuvieron bajo el presidencialismo exacerbado de las últimas décadas del siglo XX.

Ahora con un presidente tricolor y con las reformas constitucionales procesadas a través del Pacto por México, los gobernadores tienen nuevas variables políticas, administrativas, financieras. Mencionaré algunas de las que considero van a modificar más los escenarios locales:

Creación del Instituto Nacional Electoral (los gobernadores y los congresos locales tendrán mucho menos influencia en la elección de los consejeros de los Institutos Electorales Locales). Además de la creación del INE, existen nuevas leyes federales en materia electoral que impactarán en la manera en que se organizan los comicios locales. 

Reformas constitucionales al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) que lo dotan de mayor autonomía e implican una mayor transparencia para los entes obligados a la transparencia.  Entre los aspectos relevantes de la reforma, se contempla definir a los sujetos obligados al principio de máxima publicidad de toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal.

El control del pago a los profesores del país pasará de manos de los gobiernos estatales a las del gobierno federal, según las reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental. El gasto será controlado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Educación Pública (SEP). Algo similar ocurrirá con el gasto en el rubro de salud: El gasto público en el personal y en medicamentos será centralizado. 

Los anteriores son sólo tres ejemplos, dos de instituciones como el INE y el IFAI, y el ejemplo administrativo de la centralización del gasto en educación y salud.

¿Cómo se enfrentarán los gobernadores a estos nuevos escenarios? ¿Replicarán solamente el discurso modernizador ya mil veces escuchado? ¿Aplicarán completamente y sin confrontaciones en sus Estados la modernización que nuevamente se pregona está a punto de llegar? ¿Intentaran pactar algunos privilegios que les permitan seguir teniendo influencia en decisiones federales? Estas son sólo algunas preguntas, desde luego que se pueden realizar muchos comentarios y dudas respecto al tema.

Estamos frente a nuevos escenarios locales de gobernabilidad. Los gobernadores, los presidentes municipales, tienen todo el derecho de repetir hasta el cansancio elogios al presidente de la Republica. Ojala que además de los elogios al presidente tengamos instituciones locales como el Congreso del Estado, el Instituto Electoral Local, el Instituto de Transparencia Local y a los órganos de transparencia municipales realmente autónomos. Que sean eficientes para los ciudadanos. Ojala que no estemos de nueva cuenta frente a un federalismo selectivo. Realmente necesitamos que los órganos locales autónomos funcionen para los ciudadanos. Después de todo y antes que nada, son empleados públicos.