17 de Noviembre de 2018

Opinión

Firmar o simular

Es indudable que, al menos en el papel, estamos ante un México distinto al de hace escasamente un año...

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Es indudable que, al menos en el papel, estamos ante un México distinto al de hace escasamente un año. Tras el alud de reformas que marcaron el 2013, nuestro país cuenta con más herramientas para enfrentarse a los retos de nuestros tiempos: el nuevo marco regulatorio abre los horizontes y permitirá, al menos en teoría, que utilicemos de forma más eficiente los recursos con que contamos.

En Othón P. Blanco y algunos otros municipios de Quintana Roo se ha revelado la fórmula “mágica” utilizada por los alcaldes para no asumir ni tener responsabilidad alguna en el desvío o malversación de recursos, y consiste básicamente en no firmar nada, negar todo y asegurar que la justicia se aplica… aunque sea “en las mulas del compadre.”

A nadie sorprende la postura asumida por el presidente municipal capitalino, pero tampoco le es privativa a Eduardo Espinosa Abuxapqui, pues lo mismo han hecho, aunque “por lo bajito”, los alcaldes de Benito Juárez y Solidaridad, Lázaro Cárdenas o Cozumel, pues las sanciones hasta ahora anunciadas por la utilización irregular de recursos públicos de sus antecesores, no corresponde a la gravedad que se anunció existían, todo ello durante su campaña electoral -of course-.

Recapitulemos: en Benito Juárez y durante la campaña electoral de 2012 “salieron a la luz” escándalos de recursos como la adquisición irregular de luminarias, el desvío de recursos de Siresol, la riqueza inexplicada del entonces presidente Julián Ricalde Magaña; e incluso a un video donde el alcalde recibía, según se dijo, tres millones de pesos para “gastos de transición” cuando apenas asumía el cargo; ahora en Benito Juárez se han dedicado a maximizar las irregularidades de un programa de desarrollo urbano que quieren revertir, aunque en su momento fue aprobado por todas las instancias del estado, incluyendo las estatales. Así, de los recursos desviados y fortunas creadas nada se sabe. No se explica cómo ese municipio es el sexto más endeudado a nivel nacional, así destacó en su momento Paul Carrillo de Cáceres. Claro, entonces era candidato a la alcaldía.

De Cozumel, se aseguraba que el ex alcalde, Aurelio Joaquín González, había dilapidado no sólo la fortuna familiar sino afectado las arcas municipales, y aunque el ahora presidente municipal, Fredy Marrufo Martín, fue cauto en los señalamientos, hasta ahora de tanta acusación no se conoce siquiera si se hicieron investigaciones; lo mismo por cierto en el caso de Solidaridad, donde tanto el interino, Rafael Kantún Ávila; como el alcalde constitucional y hoy diputado, Filiberto Martínez Méndez, fueron señalados de dejar prácticamente vacías las arcas del municipio, sin que a la fecha haya resultado alguno. Y es que el plazo legal para señalar las irregularidades cometidas se ha cumplido, y mientras la ahora diputada Trinidad García Argüelles anda aprendiendo dónde se ubica el Punto Put para poder defender los límites de Quintana Roo, quienes la lapidaron públicamente de desviar recursos de Lázaro Cárdenas y asegurar se les aplicaría todo el peso de la ley, ahora callan y se hacen los disimulados, incluia por supuesto su compañera legisladora Arlett Mólgora Glover; y el presidente municipal actual, Luciano Simá Cab, hace lo posible por no mostrarse mucho públicamente, tal vez para evitar los cuestionamientos sobre el ordenamiento administrativo que debe realizar.

Así que, luego de los anuncios de Eduardo Espinosa Abuxapqui, en el sentido de que se inhabilitará a funcionarios menores, pero no a su antecesor, Carlos Mario Villanueva Tenorio, a nadie debiera extrañar; pues aunque el actual alcalde recalque que el “cachorro” Villanueva no firmó nada y ninguno de los sancionados lo ha señalado de haberlos instruido para realizar el “batidero” encontrado, pues sus homólogos no se han caracterizado por investigar a los culpables del quebranto que aqueja en la actualidad a las municipalidades quintanarroenses. Hágase la justicia pues, pero en las mulas de mi compadre.

Y si tan imposibilitados están los ediles para proceder, veremos si el Congreso del Estado modifica dicha normatividad, aunque difícilmente algo así ocurrirá; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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