Primer acto: Un Felipe Calderón que intenta legitimar su exabrupto contra el crimen organizado –ojo, ese calificativo proviene del propio gobierno– y utiliza artimañas hollywoodenses para convencer a los ciudadanos que el camino es el correcto.

 

El inefable Genaro García Luna, que del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 –es decir, todo el sexenio– fue secretario de Seguridad Pública, monta un teatro de un rescate de víctimas de manera improvisada sin el guión respectivo, y no solo reedita el salvamento de unos secuestrados, sino su policía viola los mismos derechos humanos de los rescatados, volviéndolos a poner en la escena del crimen, haciéndolos doblemente protagonistas de una humillación.

 

Segundo acto: Sin los protocolos respectivos se tuerce la justicia más elemental, con plena conciencia que una de las detenidas no es ciudadana mexicana y que existen tratados internacionales dedicados al respecto; no permite auxilio consular para la extranjera y existe clara intromisión de un poder sobre el otro –Ejecutivo y Judicial– cuando el propio presidente poco antes de la sentencia declara que el asunto de culpabilidad es muy claro. 

 

Tercer acto: En un afán distractor, y cuando ya la “guerra contra el crimen organizado” –otra vez, el título es del gobierno, específicamente de FCH– empieza a “hacer agua”, prácticamente se rompen relaciones con el país galo en pleno “Año de México en Francia”, no por una presunta maleante, sino por un proceso tan viciado de origen que a ojos vista tendría un final fatal, dejando en entredicho no solo al gobierno mexicano, sino al país, aquél al que FCH quiso cambiar de nombre.

 

Epílogo: Después de cinco años, el máximo Tribunal de la Nación, la Suprema Corte de Justicia determinó la libertad de la francesa bajo la forma del amparo y, como dejó en claro la ministra Olga Cordero, titular del proyecto, no se está decidiendo si la implicada es o no culpable del secuestro, se está honrando la legalidad, pues no hubo nunca en el caso un debido proceso, es decir, todo el juicio, desde la exposición de pruebas hasta el procedimiento juzgatorio, transcurrió en la ilegalidad.

 

Por supuesto que la mayoría del público –que no ciudadanía, conste– acostumbrado al “big brother” se pregunta, ¿y las víctimas? Pues, bien gracias. Esas víctimas son ahora doblemente martirizadas, pero ya no por la ahora inocente francesa, sino por la propia autoridad que representa a los mexicanos. El gran teatro montado ha permitido que un proceso se cayera, y en caso que Florence fuera realmente culpable, la puesta en escena la ha puesto en la calle. Por lo tanto, debe eximirse a la Suprema de cualquier responsabilidad. La pregunta es: ¿Pudo la SCJN en el sexenio anterior dictar sentencia en el sentido que hoy lo hace y no se le permitió? ¿Estamos inaugurando ahora sí una etapa de verdadero respeto entre los poderes?

 

Este mismo miércoles el presidente Enrique Peña Nieto ha declarado que la sentencia de la SC es potestad exclusiva de ese poder y que el Ejecutivo no es competente para externar un juicio sobre el particular. Buena señal de parte del presidente, no obstante este asunto que incluso ha puesto en riesgo la relación entre dos países nos debe hacer reflexionar sobre cuántas veces por cuestiones de carácter políticas, incluso personal se ha torcido la Ley. ¿Estamos salvos en nuestro estado?

 

Por ello, en este proceso de pactos, es inclusive de mayor relevancia que otras, una verdadera reforma Judicial y de aplicación de la justicia. Parece que es lo mismo, pero no lo es.

 

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Ya, ya, Televisa. Ya entendimos. No son tus trabajadores ni son tus camionetas. Ya.