El día que se encontraron en París Enrique Peña Nieto —entonces presidente electo— y el primer ministro francés Francois Hollande, el mexicano eligió abrir la conversación con el tema de Florence Cassez.

Bien asesorado, Peña sabe que el destino de la francesa condenada por el delito de secuestro es la llave para reactivar una relación que si bien no se ha podrido, sí ha dejado de crecer a partir del consenso entre la élite francesa: medios de comunicación, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, que Cassez ha sido víctima de una injusticia.

Es también el convencimiento de los periodistas —de este y el otro lado del Atlántico— que se han dado el tiempo de leer el voluminoso expediente y lo han puesto por escrito en libros y en reportajes. Es lo que piensan organizaciones no gubernamentales.

Nada de eso importa, sin embargo, para el destino de la señora Cassez.

Lo que importa es que ese también es el convencimiento de al menos cuatro de los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El año pasado, cuando los ministros discutieron el caso, todos, menos Ortiz Mayagoitia, aseguraron en sus reflexiones públicas que eran evidentes las violaciones a los derechos de Cassez, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

No hay espacio aquí para repetir lo que tantas veces se ha publicado sobre los cambios en los testimonios de las víctimas, las alteraciones en los reportes policiacos, las contradicciones en las declaraciones de testigos, la falta de evidencia física.

Tres de los cinco ministros que en estos días discutirán el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero ya han declarado formalmente que el debido proceso y la presunción de inocencia fueron aplastados por la manera de proceder de las autoridades policiacas. Tres de esos ministros han dicho con claridad —un cuarto se quedó corto por milímetros— que las evidencias obtenidas después de tales violaciones no pueden ser consideradas por un juez.

Eso está en las transcripciones oficiales de la sesión de la Corte del año pasado.

En tiempos en que el país transita a un sistema de justicia nuevo, acusatorio, respetuoso de las garantías individuales, la Corte tiene la oportunidad de, con base en todo lo que ya dije, tomar la decisión que corresponde y mandar el caso al tribunal para que Florence Cassez sea sentenciada de nuevo sin las pruebas manchadas por el cúmulo de abusos de la autoridad.

Los ministros podrían esconderse en la retórica y el tecnicismo legal. Revisar las comas y los acentos del proyecto de la ministra y, como Pilatos, lavarse las manos, empujar el caso al pleno y condenarlo al limbo eterno.

No lo merece Cassez. Ni la Corte. Ni el futuro de la justicia mexicana.

Twitter: @puigcarlos